Editorial El Comercio

El domingo por la noche, Palacio de Gobierno anunció cambios ministeriales que . Los responsables de las carteras de , , (MTC), y fueron, en efecto, relevados en una ceremonia que cogió por sorpresa a algunos. El Gabinete encabezado por , como se sabe, arrastraba serios cuestionamientos casi desde su instalación y, entre rumores y promesas de enmienda, se esperaba que el Consejo de Ministros fuera recompuesto poco después de Semana Santa, pero eso no ocurrió.

El presidente dejó descolocados al cardenal Pedro Barreto y al secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max Hernández, al ignorar olímpicamente aquello a lo que se había comprometido con ellos el 14 de abril y continuar gobernando con los mismos funcionarios. De hecho, el jefe del Gabinete, uno de los más cuestionados del equipo de ministros, salió poco después a expresarse peyorativamente de los dos personajes antes mencionados: una clara indicación de que los cambios ofrecidos habían sido dejados de lado.

La prensa, sin embargo, se encargó de mantener los reflectores sobre las gestiones más críticas y los titulares de cuatro despachos acabaron siendo interpelados en el Congreso hace dos semanas. Tres de ellos –la ministra de Trabajo, ; el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, y el ministro del Interior, Alfonso Chávarry– estaban en la mira de diversas bancadas para proceder a una eventual censura. Y si bien en lo concerniente a la primera el proceso sigue en marcha, los dos últimos fueron licenciados el domingo por la noche. Una circunstancia que revela dos cosas: por un lado, que el mandatario y su entorno eran conscientes de los problemas que Palacios y Chávarry representaban para el Gobierno; y por otro, que, a pesar de ello, solo estuvieron dispuestos a relevarlos cuando vieron que lo más probable era que el Parlamento acabaría censurándolos. Es decir, a la hora nona.

Una observación, dicho sea de paso, que vale también para los funcionarios que no habían sido convocados hasta entonces por la representación nacional –Nicolás Bustamante del MTC y Óscar Zea de Agricultura–, pues cada uno de ellos estaba en la picota de tiempo atrás por sus propias razones. Mantener a Zea en su puesto, en particular, a las puertas de una crisis alimentaria mundial que ya había empezado a golpearnos, era una señal de desdén a la necesidad de atender las demandas más urgentes de la población. Dicho sea de paso, su reemplazo tampoco tiene los pergaminos necesarios para atajar tal problemática, con lo que el Gobierno parece ponernos en malas manos en el peor contexto.

Los cambios, además, no solo han sido tardíos: también han pecado de insuficientes. La necesidad de retirar a Aníbal Torres y a la señora Chávez del Gabinete se caía de madura. Y reemplazar, por mencionar solo un ejemplo, al titular de Educación, , habría sido también oportuno. Pero, claro, hacerlo habría significado admitir de alguna forma que, si los plagios en la tesis de cualquier persona son inaceptables, en el caso de un educador constituyen un escándalo que deja al plagiador sin espacio para continuar en la función pública… Y ese es un territorio que, por obvias razones, el jefe del Estado no quiere hollar.

Volviendo a la reflexión inicial, cabe anotar que la práctica de sostener a un ministro cuestionado y solo removerlo cuando su censura es inminente, ya la habíamos observado antes durante esta administración. Ocurrió con Iber Maraví (Trabajo) y Juan Silva (MTC), y es probable que vuelva a ocurrir, pues en el Ejecutivo no parecen hacerse problemas con los perjuicios que ello les acarrea al Gobierno y a los gobernados.

Así las cosas, corresponde al Congreso tomar cartas en el asunto y tramitar las interpelaciones y censuras de manera más expeditiva que hasta ahora. Porque si vamos a estar esperando en cada caso a que el presidente Castillo tome la decisión de cambiar a un integrante del Gabinete que ha demostrado ser incompetente o inadecuado, corremos el riesgo de quedarnos congelados en el tiempo.

Editorial de El Comercio