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Editorial: Abre tu corazón

Deben tomarse medidas para aumentar los trasplantes de órganos y terminar con el mercado negro

Redacción

Editorial: Abre tu corazón

Editorial: Abre tu corazón

La semana pasada publicamos una nota sobre el tráfico internacional de órganos. Se trata de un mundo sórdido en el cual, por ejemplo, se estima que un riñón se vende en promedio entre US$1.000 y US$3.000 y los intermediarios lo revenden entre US$80 mil y US$100 mil. Este comercio ganó notoriedad en nuestro país desde hace unos años, cuando se hizo público el incidente de un empresario mexicano que pagó US$150 mil por venir al Perú a someterse a una operación ilegal de trasplante de riñón. Este hecho condujo al inicio de una investigación fiscal que involucró a 68 personas, incluidos médicos de exclusivas clínicas limeñas. 

Detrás del mercado negro de órganos, no se esconde otra cosa más que la falta de donantes. Según la Organización Nacional de Donación y Trasplantes, en el Perú mueren cada día entre una y dos personas esperando un trasplante de órganos que nunca llega. Y actualmente los 600 trasplantes que se realizan al año en el país solo cubren el 10% de los que serían necesarios. Por eso, muchas personas desesperadas recurren al mercado ilegal.

La escasez de órganos se entiende cuando vemos que, de los más de 20 millones de peruanos inscritos en el Reniec, solo alrededor del 13% ha decidido ser donante. Este bajo porcentaje no es una particularidad de nuestro país. Hace una década, los psicólogos Eric Johnson y Daniel Goldstein encontraron que el número de donantes era una minoría en países donde para donar uno debía manifestar su voluntad expresa en un formulario (como en el Perú) y era en cambio una mayoría ahí donde se presumía lo contrario y donde quien no quería donar tenía que declararlo expresamente. Por lo visto, el común de la gente prefiere la opción que, a falta de una indicación contraria, establezca el formulario.

Carlos Bruce ha presentado un proyecto de ley que plantea una salida en esta línea. De aprobarse, todo adulto que no se haya opuesto a ser donante será considerado como tal cuando fallezca. Algo similar a lo que ocurre en países tan cercanos como Argentina, Uruguay y Chile, además de en muchos países europeos. 

Ahora, la experiencia internacional también indica que a veces presumir el consentimiento no es suficiente para garantizar el número de donaciones efectivas. Según “The Economist”, España, país donde se presume la donación, tenía en el 2010 alrededor de 32 donantes fallecidos por millón de habitantes; pero Grecia, que sigue el mismo modelo, solo tenía 4. Asimismo, según un reporte del 2008 de la Organ Donation Taskforce (que buscaba establecer qué impacto tendría que Reino Unido optase por un modelo de presunción de consentimiento), en países como Austria y Singapur el cambio de sistema vino de la mano de un aumento de las tasas de donación de hasta 25%, pero luego de diez años del cambio otras naciones, como Suecia, no habían mostrado una mejora significativa.

Aparentemente, los países con experiencias exitosas, además de cambiar al modelo de consentimiento presunto, realizaron campañas educativas para concientizar a la población sobre la importancia de las donaciones, sobre quienes pueden ser donantes (hay gente que sigue creyendo que solo los jóvenes pueden ser donantes, pero en Inglaterra casi la mitad de ellos son mayores de 50 años), y mejoraron la infraestructura de trasplantes que permite que las donaciones se hagan efectivas. Es, por ejemplo, lo que ocurrió en España: si bien en ese país rige desde 1979 el sistema de presunción de consentimiento, fue solo en los noventa –después de una serie de cambios en la infraestructura para estas operaciones– que los números mejoraron. 

Ahora, en general, se tendrían que tomar todas las medidas que posibiliten que el sistema de trasplantes sea más transparente. Incluso se debería evaluar la posibilidad de legalizar la venta de órganos. A fin de cuentas, en vez de que las ventas se realicen en un sórdido mercado negro, sería mejor que se produzcan en uno legal, donde las personas estén bien informadas, los intermediarios no se aprovechen de la ignorancia y de la desesperación de los individuos, las operaciones se realicen en condiciones sanitarias óptimas y se salve el mayor número de vidas posible.

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