Editorial: La adenda de la adenda

El Ejecutivo acaba de agregarle al drama político que existe en torno a la construcción del aeropuerto de Chinchero un episodio que prolonga la nerviosa actitud que lo ha llevado a alternar avances con retrocesos al respecto.

Como se recuerda, el origen del problema se remonta a la constatación de la imprecisión original del contrato de concesión –firmado durante la gestión nacionalista–, que estaba significando para el Estado un alto costo derivado del cofinanciamiento de la obra que tenía que asumir. Y, en esa medida, la adenda que la administración de Pedro Pablo Kuczynski se proponía firmar –y al final firmó– reflejaba su mejor esfuerzo por enmendar esa situación y, al mismo tiempo, no seguir postergando una promesa hecha por sucesivas administraciones a los cusqueños.

El detalle, no obstante, es que la adenda cambiaba dramática y favorablemente para Kuntur Wasi las condiciones del financiamiento del proyecto a su cargo (pues el Estado ahora reembolsaría los gastos del concesionario con cada avance de obra, y ya no luego de finalizada la construcción del aeropuerto como estaba previsto originalmente) y dejaba sin embargo intacto el plazo de la concesión con el que debía recuperar su inversión.

El gobierno empezó entonces a ser objeto de las críticas y suspicacias de quienes hicieron notar la simultánea cercanía de algunas personas al referido consorcio y al entorno presidencial. Y acusó recibo de ellas.

Así, días después de haber anunciado que el proyecto iba adelante y que, gracias a la modificación propuesta, el Estado se ahorraría US$589 millones, una exhortación de la comisión congresal Lava Jato al titular de Transportes, Martín Vizcarra, para que se abstuviera de firmar la adenda “con el fin de cautelar los intereses del Estado” bastó para detener todo. A pesar de que el pedido no tenía peso legal alguno para atar de manos al Ejecutivo, este accedió a suspender la firma “en aras de la transparencia”… dejando la sensación de que se había buscado un pretexto para salir de un trance que les generaba dudas a ellos mismos y provocando, por cierto, más suspicacia de la que ya existía.

Dos días más tarde, sin embargo, el gobierno anunció –esta vez por boca del presidente Kuczynski– que después de todo sí iría adelante con el proyecto y así se firmó la adenda, y hasta hubo una ceremonia de colocación de la ‘primera piedra’.

Las críticas, empero, no cesaron, e incluso comenzó a gestarse, en medio de tonos hostiles, una moción de interpelación a Vizcarra, cuyo sustento se vio alimentado por unas declaraciones del contralor Edgar Alarcón en el sentido de que la ya famosa adenda sería “ilegal”.

Es ante ello que el gobierno –y el titular de Transportes, en particular– ha agregado a este drama el episodio del que hablábamos al principio. Vizcarra, efectivamente, proclamó este domingo que el Estado no va a “hacer ningún desembolso mientras no tenga el informe final de la contraloría” (lo que supone “suspender las obligaciones” del contrato y la adenda, tal como le hizo saber luego oficialmente el ministerio a su cargo a Kuntur Wasi). Y dos días más tarde, en sintonía con las críticas antes rechazadas, propuso también reducir la concesión al operador del aeropuerto de 40 a 30 años.

Es decir, ha planteado de pronto agregarle una especie de adenda a la adenda, en lo que tiene todo el aspecto de ser un gesto apremiado por salvar su permanencia en el Gabinete. Todo esto, además, sin reparar en que, al constituir un nuevo bandazo (o dos) en la actitud del Ejecutivo hacia el proyecto Chinchero, introduce un ruido político que solo excitará más el apetito de quienes quieren licenciarlo.