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Editorial: Más allá del honor

Los aportes de la comisión de expertos son necesarios pero no suficientes para la reforma del Poder Judicial.

Editorial

Poder Judicial

La mayor porción de responsabilidad les toca a quienes, desde cada uno de los tres poderes del Estado, tienen que trazar el nuevo perfil del sistema que se quiere cambiar.(Foto: Archivo El Comercio)

El presidente Martín Vizcarra ha anunciado la conformación de una comisión de honorables expertos que habrá de alcanzarle, antes de Fiestas Patrias, aportes y recomendaciones para llevar adelante la impostergable reforma del sistema de justicia en el país. El anuncio permite alentar esperanzas de un cambio, pero eso no debe crear la ilusión óptica de que todo lo que hay que hacer ahora es sentarse a aguardar su veredicto para luego plasmarlo en la realidad a través del poder político de quienes están en el gobierno.

Sus recomendaciones serán sin duda un ingrediente necesario para la tarea que nuestras autoridades tienen por delante, no obstante hay que tener claro que no serán suficientes. No conviene perder de vista que, en realidad, la mayor porción de responsabilidad les toca a quienes, desde cada uno de los tres poderes del Estado, tienen que trazar el nuevo perfil del sistema que se quiere cambiar. Finalmente, fueron ellos quienes le pidieron a la ciudadanía el voto para regir los destinos del país –en el caso del Ejecutivo y el Legislativo– o –en el caso del Poder Judicial– quienes durante mucho tiempo reclamaron para sí la prerrogativa de liderar la transformación de su propia institución. En ninguno de los tres casos, pues, es imaginable que los protagonistas no tengan ya un plan bastante definido de lo que se puede y debe hacer en el terreno que nos ocupa.

No es improbable, por otra parte, que las opiniones de la comisión de honorables no sean unívocas; algunas, en verdad, podrían ser hasta contradictorias. Ellos deberán, no obstante, presentar una propuesta que consiga articular –y restringir– los intereses de los diversos actores políticos relacionados con la reforma judicial, logrando que sea el bien del país lo que prime. La receta final deberá tener en cuenta también que las reformas propuestas no se aplicarán en un vacío, sino que entrarán a modificar la realidad hoy existente.

Las recomendaciones de la comisión marcarán, por supuesto, solo el comienzo de un proceso más largo, que requerirá de voluntad y negociación política durante su implementación. Solo de esa manera se podrá lograr que de esto salga algo más que un gesto político para salir de un apuro, como ha sucedido ya en el pasado. Pensemos, por ejemplo, en lo que sucedió en octubre del 2016, muy al principio de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, a raíz del destape relacionado con los negocios de su asesor Carlos Moreno. ¿No se nombró también aquella vez una Comisión Presidencial de Integridad que debía proponer “un conjunto de medidas legislativas y de gestión para enfrentar la corrupción”? “Esta comisión tendrá el mandato de presentarme sus conclusiones y recomendaciones en un máximo plazo de mes y medio”, aseveró aquella vez el entonces mandatario… Sin embargo, la realidad es que durante la administración de Pedro Pablo Kuczynski el 70% de las recomendaciones propuestas no fueron implementadas.

A los expertos convocados les corresponderá aportar, entonces, honor y conocimiento al esfuerzo reformador. Pero más allá de eso, la acción les tocará a los gobernantes que harían bien en estar ya desempolvando los planes de gobierno con los que postularon en el 2016 al cargo que ahora ostentan, o los proyectos de autorreforma que por alguna razón quedaron olvidados en algún momento del camino a su materialización.

Bienvenida, en consecuencia, la comisión de expertos. Pero quedamos con la mayor expectativa de lo que nuestra clase política logre hacer con las recomendaciones.

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