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Editorial: Se alquila barato

La propuesta del Gobierno para subsidiar el alquiler de vivienda a personas menores de 40 años es descaminada.

Editorial

La novena edición de la Feria Inmobiliaria del Perú (FIP) se realizará la próxima semana en el Jockey. Presentará más de 340 proyectos y más de 20.000 mil unidades de vivienda valorizadas en S/10.374 millones.

"El problema de fondo respecto de este asunto es que no es tarea del Estado, que usa los impuestos de todos, financiar el alquiler de viviendas particulares."

Al Gobierno se le exige, correctamente, que tome iniciativas más allá de las rencillas por el poder político de los últimos meses. Se le exige, pues, que sea capaz de plantear y poner en marcha soluciones innovadoras, sensatas y eficientes a los principales problemas que aquejan hoy a la población: inseguridad, pobreza, corrupción, informalidad, ausencia de servicios públicos básicos, entre otros.

En este afán de acción puede haber también, no obstante, el riesgo de sobreactuación. Específicamente, el peligro de poner sobre la mesa propuestas que, aunque innovadoras, atacan problemas que no son directamente el rol del Estado, ni prioritarios frente a necesidades más urgentes, ni socialmente equitativos; son iniciativas que más bien parecen apelar al aplauso antes que a la política pública responsable.

Precisamente una de estas propuestas es la que ha llamado la atención en los últimos días. La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó enviar al Congreso el proyecto de ley para la creación del bono Mi Alquiler. Según Javier Piqué, titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), el programa dará un subsidio en el alquiler de la vivienda a personas menores de 40 años de bajos recursos. El ministro apuntó que el bono cubrirá 30% del valor del alquiler, con un tope de S/500 al mes. En una primera etapa, el programa financiará a 3.500 familias, a un costo de S/20 millones.

El problema de fondo respecto de este asunto es que no es tarea del Estado, que usa los impuestos de todos, financiar el alquiler de viviendas particulares. ¿Es esta en verdad la mejor manera de promover la compra formal de casas y departamentos entre la población de bajos recursos? Materia de discusión relevante es también lo que el Gobierno ha entendido por “bajos recursos”. Según el ministro Piqué, ingresos familiares menores a S/2.600 al mes califican para el programa. Lo curioso es que esta cifra es incluso mayor al gasto promedio mensual de los hogares peruanos.

Por otro lado, queda la duda respecto del grupo en particular que ha sido beneficiado por la norma. Como hemos señalado en otros editoriales, ¿por qué debería el Gobierno subsidiar la vivienda de personas jóvenes y no, por ejemplo, de otros grupos demográficos que pueden tener iguales o mayores necesidades? Personas pobres, discapacitados, adultos mayores, y la lista puede alargarse. Este último razonamiento, lejos de abogar por una expansión del programa, ilustra lo insostenible –y potencialmente inequitativo– de la lógica que da justificación al bono.

Por último, no se pueden dejar de señalar los aspectos de mercado. Ante el subsidio, el precio de alquiler de las viviendas objetivo inevitablemente tenderá a subir. Los propietarios que sepan que sus inquilinos pueden disponer de hasta S/500 mensuales de parte del Gobierno tendrán incentivos a elevar sus precios, mientras la oferta de construcción de viviendas tome un tiempo en reaccionar. ¿Cómo impactará esto la billetera de aquellas personas que habitan en una vivienda alquilada pero no califican para el programa?

La propuesta enviada al Congreso es, entonces, absolutamente inoportuna. No solo por el potencial costo fiscal de expandirse, sino porque no responde a la actividad regular del Gobierno en una economía de mercado, es inequitativa, y puede tener consecuencias de mercado imprevistas. Está bien que el Gobierno quiera tomar la iniciativa con acciones de política pública, pero le toca ahora al Congreso decirle que, así, no.

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