Editorial: Amor al vacío

La Comisión de Ética Parlamentaria se encuentra a la espera de que la Mesa Directiva del Congreso emita un informe sobre los viajes con fines proselitistas de ciertos legisladores, cuyo contenido determinará si procede a investigar a los 32 congresistas involucrados en el presunto mal uso de los recursos durante las semanas de representación. 

Inicialmente, según conversaciones sostenidas con El Comercio, el presidente de esta comisión, Rogelio Canches (Unión Regional), iba a presentar un pedido para que se investigue a los citados parlamentarios. Sin embargo, al final prefirió pedir la opinión de la Mesa Directiva, ya que –según dijo– “existe un vacío en el reglamento del Congreso sobre el mal uso de los pasajes”.

El pedido de Canches, empero, habría sido distinto al presentado en abril por su predecesor, Humberto Lay, quien solicitó que se indagara sobre los viajes de seis congresistas de Fuerza Popular que ‘coincidieron’ en Puno con la lideresa de su partido, Keiko Fujimori, con ocasión de un mitin celebrado en esa ciudad.

En ese momento, Lay arguyó que los viajes “serían una falta ética porque el Código de Ética dice que los bienes y servicios del Congreso deben usarse exclusivamente para labor congresal”. Y esa falta pareció ser reconocida por los legisladores cuando decidieron devolver el dinero gastado, alegando que lo hacían para evitar “suspicacias y malestares”. No obstante, el pedido de Lay fue en última instancia archivado. 

Y más allá de que esto parece presentar con una nueva faceta de ‘otoronguismo’, como denunció hace casi dos meses este Diario (Editorial del 22 de abril), el hecho es que existe un vacío en el reglamento que coloca a los parlamentarios en un limbo de inimputabilidad con respecto a este problema.

La situación es tan confusa que, por ejemplo, Mauricio Mulder votó por el archivamiento de la petición de Lay, pero al mismo tiempo considera necesario que se reestructure el reglamento del Congreso en este punto. 

Ahora bien, aun si eso ocurriese, sería ingenuo asumir que el nuevo reglamento resolvería todo vacío legal. No obstante, no es aceptable que, con ese pretexto u otro, exista una ambigüedad entre las labores de representación y las partidarias, pues no hay manera más sencilla –y tentadora para muchos– de financiar la promoción política individual que con el dinero de los contribuyentes.

Está claro que, si un congresista viaja durante la semana de representación a la región por la que ha sido elegido, será imposible discernir si las actividades que realiza son proselitistas o no. Pero eso no puede significar que los legisladores tengan carta blanca para viajar por todo el país... y que si por azar ‘coinciden’ con otros miembros de su agrupación política en uno de esos destinos no haya nada qué hacer. 

Si se reestructura el reglamento, este debería establecer la diferencia claramente. El recurso del vacío no debería cubrir las espaldas a funcionarios que visiblemente se aprovechan de la situación que genera. En realidad, el aprovechamiento de los vacíos debería más bien penalizarse. 

El argumento (o excusa) de que “tal como está el reglamento, no hay nada qué hacer” solo muestra que el vacío se interpreta siempre a favor de los congresistas. Y esto necesariamente tiene que ser orientado en la dirección contraria. Si los congresistas sienten que este limbo puede ser usado en su contra, tenderán a pensárselo dos veces antes de aprovecharlo y realizarán sus actividades dentro de las reglas de juego establecidas.

Hoy, por último, es incierto lo que sucederá en la Comisión de Ética. Es decir, si se investigará los casos mencionados o no. Cabe resaltar, no obstante, que esos 32 legisladores representan un cuarto (25%) del total del pleno. Si el zapato estuviese en el otro pie y uno de cada cuatro empresarios se aprovechara de una forma tan descarada de las reglas de juego, la respuesta sería modificarlas inmediatamente.