Editorial: Ampay me salvo

La expresión ‘ampay’ es un glorioso peruanismo. Una suerte de palabra mágica de la que se valen los chicos que juegan a las escondidas para hacer oficial una detección o para librarse de ella. “Ampay fulano”, grita por ejemplo el que busca cuando descubre a alguno de los otros participantes del juego en su escondrijo. Y “ampay me salvo”, anuncia más bien quien logra correr desde el lugar en el que estaba oculto hasta la ‘barrera’ sin haber sido interceptado: una convención según la cual el rastreador tiene que ignorar a partir de ese momento que lo ha visto. 

Curiosamente, la fantasía que acompaña este último uso de la fórmula no siempre se desvanece con la llegada de la madurez. Entre los políticos, particularmente, existe la idea, bastante similar, de que la prescripción o el archivamiento legal de una investigación que los comprende supone la desaparición inmediata de las sombras que el asunto eventualmente pudiera haber arrojado sobre ellos.

Tal es la ficción bajo la que aparentemente funcionan los defensores de Alan García cuando se traen a colación las denuncias en las que se lo involucró, tras su primer gobierno, por los presuntos sobornos en el tren eléctrico, la compra y venta de los Mirage o la falta de sustentación para el depósito de las reservas internacionales del Perú en el Banco Central de Crédito Internacional (BCCI). O también los valedores de Keiko Fujimori cuando se alude a una presunta complicidad de su parte en el enriquecimiento ilícito con el que podrían haberse financiado sus estudios y los de sus hermanos.

Su manera de retrucar consiste en recordar simplemente que la materia ha prescrito o fue archivada; y pretenden que, gracias a ese ‘ampay me salvo’, la ciudadanía ignore lo que ha visto.

Esta reflexión cobra actualidad ahora que el origen de ciertos ingresos recibidos por la señora Nadine Heredia del 2006 al 2009 se ha vuelto a poner sobre el tapete, y sus defensores han echado mano de un argumento del mismo corte. “Ha sido un grave error del fiscal [Ricardo] Rojas volver a investigar este caso. Creo que está infringiendo la ley porque está vulnerando el principio de la cosa decidida, que es invulnerable, inviolable, que no se puede tocar”, se ha apresurado a aseverar el congresista oficialista Omar Chehade, quien actuó antes como abogado de la hoy primera dama cuando este problema fue examinado por el Ministerio Público.

Y si bien la línea de razonamiento jurídico que plantea tendrá que ser discutida (hay quienes afirman que la aparición de nuevos elementos en el caso la desbarataría), lo que queremos poner de relieve aquí es la otra dimensión de la acusación; vale decir, la política. Porque la llegada de US$215 mil a la cuenta de la señora Heredia durante los años indicados, en depósitos ‘hormiga’ hechos por familiares y allegados que no tienen cómo justificar el origen del dinero, despierta las mayores suspicacias.

Máxime cuando en ese período firmó ella, adicionalmente, contratos de consultoría por más de 141 mil dólares con la empresa de un viejo amigo –Centros Capilares, del actualmente prófugo Martín Belaunde Lossio– y con el padre de este –para un estudio sobre la palma aceitera– de los que luego solo habría recibido US$17.200. Una circunstancia que da pie a maliciar que los contratos pudieron ser firmados esencialmente con la intención de proveer a los fondos antes mencionados de una fuente verosímil, pero no necesariamente verdadera.

Y otro tanto puede decirse de los US$4 mil mensuales que, a partir del 2006 y por un año, supuestamente le pagó el periódico venezolano “The Daily Journal”, por colaboraciones que nunca se publicaron y de cuyo desembolso no consta registro alguno.

Al igual que Alan García o Keiko Fujimori, entonces, la señora Heredia –que no solo es la primera dama, sino también la presidenta del partido de gobierno– nos debe una explicación sobre este asunto, más allá de los archivamientos de los que pueda haber sido objeto. Porque, de lo contrario, las acusaciones y las dudas regresarán una y otra vez a atormentarla por el resto de su vida política, como un viejo fantasma, pues siempre habrá alguien decidido a impedir que la lucecita de la memoria se extinga en virtud de un pueril ‘ampay me salvo’.