Hoy finaliza el cuarto año de gobierno del presidente Ollanta Humala. Y, al igual que los que le precedieron, este ha sido caracterizado en buena parte por la improvisación y el poco tino político. Con una bancada debilitada, altos niveles de desaprobación y ante un escenario de desaceleración económica, el mandatario nacionalista llega al hemiciclo con el viento en contra.
A continuación presentamos algunos de los principales acontecimientos que marcaron la agenda del penúltimo año del gobierno nacionalista.
Economía
En materia económica, la contracción de la inversión privada y la desaceleración son los aspectos más preocupantes. Así, si el 2014 cerró con una tasa de crecimiento del 2,4%, a mayo del presente año la expansión de la economía alcanzó apenas 2,1%. Es justo reconocer que el panorama internacional ha sido adverso debido a la caída del precio de los principales productos de exportación nacional y a la reducción en la demanda de nuestros socios comerciales, pero el gobierno ha tenido también una importante cuota de responsabilidad respecto al magro crecimiento.
Los últimos paquetes reactivadores aprobados en noviembre pasado, por ejemplo, no han tenido el resultado esperado. A pesar del interés del Ejecutivo por darle mayor fuerza a la inversión pública para encender los motores de la economía, su grado de ejecución alcanzó únicamente el 31,5% del presupuesto durante el primer semestre.
La inversión pública no es la única que ha sufrido los desatinos del gobierno. Durante el presente año, el presidente Humala ha señalado en repetidas ocasiones que a los empresarios del país les falta “garra” para invertir en el país en un contexto de desaceleración, dando la impresión de que –en su visión– los emprendimientos privados son una causa patriótica antes que la consecuencia de un ambiente de negocios adecuado.
Por consiguiente, respecto a esto último, es poco lo que se ha avanzado. El supuesto énfasis en reducir la tramitología que ahoga la inversión privada no ha rendido frutos y los esfuerzos en reducir la maraña de procedimientos burocráticos y la duplicidad de funciones en el aparato estatal no ha ido más allá de unos cuantos sectores en los que el Ministerio de la Producción se ha interesado; de esfuerzos sistemáticos no se escucha. La presentación de la ley del régimen laboral juvenil –conocida como ‘ley pulpín’ y propuesta por el gobierno a fines del año pasado– fue un intento por destrabar en parte el rígido mercado laboral peruano, pero fracasó debido al populismo de las bancadas en el Congreso que vieron en su derogación una oportunidad para ganar réditos políticos a costa de condenar a miles de jóvenes a la informalidad.
Por otro lado, vale reconocer que la flexibilización de algunas barreras y distorsiones vinculadas al comercio internacional ha sido una buena noticia. Aunque aún queda camino por avanzar, la reducción progresiva del drawback y el nuevo límite de 20% a la tasa arancelaria del maíz, azúcar y lácteos fueron decisiones en el camino correcto.
Asimismo, la modificación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) y la extensión del programa de obras por impuestos a todos los niveles del gobierno y distintos sectores permitirán aprovechar la efectividad del sector privado en proyectos a cargo de autoridades nacionales o locales y que resultan urgentes para mejorar la calidad de los servicios públicos y la competitividad de las regiones.
Hasta el momento, sin embargo, los esfuerzos del gobierno se han mostrado insuficientes para recuperar el ritmo de crecimiento, y eso se ha reflejado en la persistencia de los niveles de pobreza que antes caían a tasas aceleradas. De hecho, según el mismo gobierno, la pequeña reducción en el número de pobres registrada durante el último año se debió a las transferencias de los programas sociales y no a mejoras en su productividad, lo que hace a largo plazo insostenibles las mejoras obtenidas.
Es por ello destacable y fundamental la labor que viene realizando Jaime Saavedra al frente al Ministerio de Educación. Si bien el objetivo aún está lejos, los últimos resultados de las pruebas a los estudiantes apuntan a una mejora significativa en la calidad de la educación a partir de una estrategia que prioriza el mérito y la competencia docente.
Política
Si el desempeño de la política nacional se pudiese medir como el PBI, durante el cuarto año este hubiera entrado en el terreno negativo. El gobierno sufrió la primera censura a un presidente del Consejo de Ministros desde el año 1963. Esta ocasionó una grave crisis política que tuvo origen en los sonados casos de espionaje que llevó a cabo la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) en contra de periodistas, empresarios e incluso políticos cercanos al humalismo. El sucesor de Ana Jara, Pedro Cateriano, a pesar de las reticencias que generó inicialmente en la oposición debido a su tendencia a la confrontación, demostró ser, por lo general, más dialogante y conciliador de lo esperado en un contexto en el que, desde otras tribunas, el gobierno atizaba la polarización.
Durante el último año, el presidente mostró, además, poco tino para enfrentar las críticas. No solo descalificó de manera prepotente a todos aquellos que cuestionaron su gestión o las actitudes de la primera dama, sino que, además, arremetió en repetidas ocasiones en contra de la prensa en pos de una justificación para explicar la caída de su popularidad que esté más allá de sus propios errores y traspiés.
Y es que, durante su cuarto año en Palacio de Gobierno, el nivel de aprobación del presidente Humala y de su esposa Nadine Heredia ha caído por debajo del 20% según Ipsos. En el caso de la primera dama, la merma en la popularidad se explica en parte por su vinculación con el hoy detenido Martín Belaunde Lossio –apresado en Bolivia luego de un nuevo intento de fuga–, los aportes venezolanos a la campaña humalista del año 2006, y el destape de una serie de lujosas compras en el extranjero con tarjeta de crédito ajena.
La crisis política no solo motivó la caída en la aprobación de la pareja presidencial sino que, además, tuvo como consecuencia la desarticulación progresiva de la bancada oficialista. Recordemos que, al inicio del gobierno, el nacionalismo contaba con 47 legisladores. Hoy, al cuarto año, le quedan solo 32. Ello refleja la poca capacidad que ha tenido el partido de gobierno para articular una visión política clara y coherente sobre las prioridades de su administración.
En el campo de la política exterior, el problema con Chile suscitado a raíz del escándalo de espionaje internacional fue inicialmente manejado de manera poco cuidadosa por el mandatario –situación que escaló la tensión innecesariamente–.
Finalmente, sin dejar de lado la firmeza que la circunstancia ameritaba, el profesionalismo de la cancillería logró una solución diplomática para dar el asunto por superado.
Seguridad y conflictos sociales
En lo que refiere a seguridad, esta continúa siendo un aspecto en el que el gobierno ha mostrado muy poca capacidad reactiva y mucho menos propositiva. Según la última encuesta de El Comercio–Ipsos, el 64% de la población cree que la delincuencia y la falta de seguridad son los principales problemas del país. La estadística está respaldada, a su vez, por los resultados del Barómetro de las Américas, el cual menciona a la inseguridad como la principal preocupación de la ciudadanía.
A pesar de ello, durante el cuarto año, se perdieron valiosos meses al mantener en la cartera del Interior a Daniel Urresti, quien, lejos de mejorar la situación, se preocupó desde un principio de mediatizar cada intervención asumiendo roles que no le correspondían y brindando declaraciones poco afortunadas.
Resulta difícil olvidar intervenciones graves, como confundir 138 kilos de yeso con cocaína, afirmar que el sicariato se debe a la globalización, o las cifras poco verosímiles que brindó al mencionar que se detuvo a 160.000 delincuentes y desarticularon 4.767 bandas delictivas en el 2014 (lo cual supone que cada día se detuviese a 438 personas y 13 bandas).
Uno de los puntos más bajos de su gestión ocurrió en octubre pasado tras la emboscada que sufrieron agentes de la policía en el Vraem. En aquella ocasión, como en otras, el gobierno permitió que se realizaran tareas de alto riesgo a pesar de no contar con chalecos antibalas, cascos de protección, ni vehículos blindados. Como resultado, dos suboficiales perdieron la vida y otros cinco fueron heridos.
El actual ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, mantiene todavía una gran deuda pendiente con la ciudadanía. Si bien el anuncio de S/.500 millones adicionales para equipar la policía durante el 2015 es positivo, el uso que dará el Ejecutivo de las facultades legislativas delegadas por el Congreso en materia de seguridad parecer ser poco efectivo. Las mayores penas para los delincuentes –menores de edad o no– tendrán un efecto limitado en la medida en que la capacidad policial para apresarlos y la eficiencia del Ministerio Público y del Poder Judicial para procesarlos continúe siendo deficiente.
La situación respecto a los conflictos sociales desatados al interior del país no resulta mucho mejor. En Andahuaylas, por ejemplo, una protesta en contra de la compañía eléctrica Electro Sur Este desencadenó un violento paro indefinido en la ciudad que ocasionó el bloqueo de vías, saqueos y decenas de heridos.
Luego del fracaso del proyecto Conga, además, los movimientos en contra de actividades extractivas ganaron fuerza. En el caso de Pichanaki, las protestas en contra de la exploración del lote 108, propiedad de Pluspetrol, terminaron con un muerto y 170 heridos luego de que los manifestantes entraran a la base militar de la localidad donde la empresa almacenaba el material para realizar sus actividades.
Mención aparte merece el manejo del conflicto a causa del proyecto minero Tía María, en Arequipa. A pesar de que la empresa responsable había demostrado que ni el agua del valle ni el medio ambiente se verían perjudicados por la iniciativa, las radicales protestas motivaron la suspensión del proyecto y la declaración de estado de emergencia en la zona por dos meses. Más allá de las consecuencias directas de este resultado, Tía María significó tanto un duro golpe político para un gobierno que demostró poca capacidad de reacción, como un mensaje de incertidumbre y desconfianza para el resto de proyectos extractivos en el país.
En términos generales, el fracaso en el manejo de los conflictos sociales se acentuó tanto a nivel de percepción como de estadística. El panorama, según la Defensoría del Pueblo, es que en junio existían 149 conflictos activos y 61 latentes. La improvisación en materia de seguridad y el mal manejo de los conflictos sociales han sido un sello de la presente administración que será complicado borrar en el último año.
Pero si bien el gobierno entra al tramo final de su período legal debilitado y desgastado, ello no quiere decir que no queden aún iniciativas posibles de implementar en materia de economía o seguridad que pueden ayudar a que la próxima administración tome las riendas de un país más estable y con la confianza renovada. Este año que queda es la última oportunidad que tiene el presidente y su equipo para trascender en el espacio político peruano y dejar una huella identificable. Si no quieren pasar a la historia como una administración con más desaciertos que puntos a favor, el tiempo restante en realidad es corto.