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Editorial: Apagar la tele

El Congreso aprobó fugazmente una ley que pone en peligro el derecho a la información de las personas.

Editorial

Mauricio Mulder

La Comisión Permanente aprobó en primera votación el proyecto de Mauricio Mulder sobre publicidad estatal. Posteriormente, la Junta de Portavoces exoneró de segunda votación a la norma. (Foto: Congreso)

Normalmente, cuando se habla de la pobre producción legislativa en el Perú, la alusión tiene que ver con un parámetro cualitativo antes que numérico. La alta cantidad de leyes aprobadas contrasta con la baja calidad que estas entrañan. Con no poca frecuencia se aprueban normas con escaso o nulo sustento, sin un apropiado análisis costo-beneficio o que entran en contradicción con el propio ordenamiento jurídico; y es la población en general la que debe asumir los pasivos del desprolijo quehacer parlamentario, por lo menos hasta que el propio Congreso enmiende sus pasos en falso. 

Lo acontecido esta semana con la aprobación del proyecto de ley que prohíbe la publicidad estatal, sin embargo, podría representar una nueva marca dentro de un historial, de por sí, poco decoroso. 

En lo que respecta al fondo de la iniciativa presentada por el congresista Mauricio Mulder, ya hemos comentado anteriormente lo nocivo que esta resulta para el derecho a la información de los ciudadanos. La publicidad estatal constituye uno de los mecanismos de comunicación más importantes con el que cuentan las autoridades. Este les permite informar a los peruanos acerca de sus políticas públicas y acciones de interés general, como por ejemplo: campañas educativas, la lucha contra la delincuencia y la violencia de género, avisos de seguridad ciudadana y nacional, el inicio, desarrollo y culminación de obras públicas, la implementación de servicios de salud, y un amplio etcétera. Los casos en los que el Estado necesita transmitir mensajes a los ciudadanos largamente exceden, pues, las áreas excepcionales de “emergencias nacionales y desastres” y “campañas de educación electoral”, únicos supuestos en los que el Estado podría contratar publicidad en medios privados si se promulgara el texto aprobado recientemente por el Parlamento. Por regla general, la publicidad se deberá entonces limitar a la difusión en medios estatales o redes sociales en Internet.  

Preocupa que los legisladores no adviertan la desinformación que esta norma generará. Los medios estatales no tienen ni por asomo el mismo nivel de difusión que los medios de comunicación privados. Y las redes sociales no generan el mismo impacto que otros medios como la radio y la televisión: solo el 8% de la población menciona a las redes sociales como primera fuente de información de asuntos del Gobierno, según una reciente encuesta de Ipsos. Además, su alcance es aún limitado en el país. En el 2016, de acuerdo al INEI, solo el 45,5% de la población mayor de 6 años tuvo acceso a Internet. En las zonas rurales, el porcentaje cae a 14,2%. 

El contenido de la ley, sin embargo, no es lo único que preocupa: el proceso legislativo ha sido tan atropellado como irresponsable. Recordemos que se trata de una iniciativa cuya exposición de motivos contaba apenas con una página de extensión, sin ningún dato objetivo sobre el desarrollo de la publicidad estatal ni un mínimamente decente análisis de costos y beneficios.  

Además, en un solo día el texto sustitutorio fue aprobado en la Comisión Permanente (que mantuvo la prohibición total de la publicidad estatal en medios privados salvo las dos excepciones mencionadas) y exonerado de segunda votación. Esto último gracias a un acuerdo de los portavoces de dos bancadas, uno de los cuales, César Villanueva, reconoció luego que firmó por error dicha exoneración, “pensando que era para que vaya al debate”. Y con la misma fugacidad con que se aprobó una ley sin siquiera leer lo que se firmaba, se envió la autógrafa al Ejecutivo. 

Poco interesó el rechazo masivo de otras instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Poder Ejecutivo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa,el Consejo de la Prensa Peruana y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). Tampoco importaron las observaciones que miembros de todas las bancadas (incluyendo las de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, que votaron luego a favor de la propuesta) hicieron en su oportunidad a la idea de prohibir transversalmente la publicidad estatal en medios privados

Solo cabe esperar que el Ejecutivo –como ha anunciado la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz– observe una ley que, en el afán de perjudicar a la prensa, terminará en realidad sancionado a todos los peruanos. Y ojalá que, frente a esa nueva oportunidad, reflexionen bien los congresistas antes de, por medio de la insistencia, apagarles el televisor, silenciarles la radio y cerrarles las páginas a los ciudadanos.

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