Editorial: Argumentos sin refinar

Los reiterados derrames de petróleo en la selva y la mala situación general de Petro-Perú precipitaron la renuncia del antiguo presidente de esa empresa estatal, Germán Velásquez, en las postrimerías del gobierno anterior, y pusieron al actual en la necesidad de encontrarle pronto un reemplazo que pudiera cumplir con el compromiso electoral de modernizar y reestructurar la referida entidad. La privatización, como se recuerda, fue descartada de plano por Peruanos por el Kambio durante la campaña. 

Así, el 25 de agosto pasado, fue designado para el puesto el ingeniero de minas y empresario Augusto Baertl, generando una importante expectativa acerca de los cambios que podría introducir en el manejo de la empresa. Pese a su reconocida trayectoria y solvencia profesional, las recientes declaraciones del señor Baertl no terminan por convencer de que, finalmente, el razonamiento económico pueda desplazar a las prioridades políticas en la administración de la empresa estatal.

En los últimos días, efectivamente, Baertl ha abordado frente a la prensa el tema de la renovación de la refinería de Talara –quizás el ejemplo más clamoroso de cómo los afanes políticos se impusieron a los criterios de rentabilidad en la conducción del sector de hidrocarburos durante el gobierno anterior– y las justificaciones que ha ensayado para continuar con ese proyecto (cuyo costo se incrementó durante la gestión anterior y, según él mismo revela, habría pasado de US$2.700 millones a US$4.800 millones) han sido un tanto desconcertantes.

Como se sabe, las ‘razones’ del humalismo para impulsar la onerosa renovación de una instalación obsoleta y dedicada a una tarea que nunca nadie explicó satisfactoriamente por qué debía estar en manos del Estado fueron ideológicas (correspondían a la visión de las empresas o actividades ‘estratégicas’ que heredó del velasquismo) y populistas. Esto último porque con la iniciativa se buscaba complacer la demanda de un grupo localizado de trabajadores y pobladores, ignorando el costo que la misma irrogaba a la sociedad y a los contribuyentes en su conjunto.

En ese sentido, la más llamativa de las recientes declaraciones de Baertl sea probablemente el anuncio de que, sin importar la viabilidad económica del proyecto, este seguirá adelante. “Venimos evaluando integralmente el proyecto y su viabilidad económica, pero este es un barco que está caminando y tenemos que administrarlo”, dijo, por ejemplo, días atrás en una entrevista radial. Y también: “Yo creo que el proceso de construcción de la refinería ha avanzado muchísimo y por lo tanto no es posible –creo– pensar en pararlo”.    

En una entrevista con este Diario, por otra parte, el presidente de Petro-Perú ha declarado también que, habida cuenta del nuevo cálculo de costos al que aludimos arriba, “el proyecto no tiene el financiamiento que requiere”. “Estamos en búsqueda de US$3.000 millones de financiamiento a la brevedad”, ha admitido. 

En resumidas cuentas, el presidente de Petro-Perú ha reconocido que la ejecución del proyecto costará bastante más de lo que se planteó inicialmente. Segundo, que se está revaluando su rentabilidad económica (es decir, que no es claro que la vaya a tener). Tercero, que carece de una parte importante del financiamiento que requiere y que al día de hoy no se sabe quién podrá proveerlo. Y, cuarto, que a pesar de todo ello, la administración que él preside seguirá empujando el empeño ‘sí o sí’ porque ya está muy avanzado y “pararlo sería una pérdida muy grande para el país”. En otras palabras, que eventualmente tendremos que seguir perdiendo dinero porque, si no, incurriríamos en una gran pérdida: un sinsentido.

A la luz de estas declaraciones, resulta paradójico que el flamante presidente de Petro-Perú señale solemne: “Yo no tengo un mandato político, yo tengo un mandato empresarial”. Pues siendo coherentes, su perspectiva empresarial debería aconsejarle detener cuanto antes un emprendimiento cuya rentabilidad él mismo parece cuestionar.