Editorial: Autoinfligidas

Para quien quiera buscar, hay indicadores que apuntan a que, en el Perú, la recuperación económica luego del desastre del 2020 tiene un paso sólido. Según reveló el INEI esta semana, por ejemplo, a enero de este año, el PBI ya se encontraba más de 2% por encima de sus niveles prepandemia, e incluso sectores como comercio y servicios, que habían sufrido un golpe especialmente duro como consecuencia del virus y las medidas de aislamiento, lograron tener ingresos agregados superiores a los de finales del 2019.

Pero un énfasis exclusivo en estos indicadores, actuales y relevantes como son, arriesga restar importancia a los nubarrones que se empiezan a formar para el futuro cercano. Solo este viernes hubo dos campanazos de alerta que no se pueden pasar por alto.

El primero fue la reducción de la calificación crediticia de la deuda soberana de largo plazo del Perú en moneda extranjera por parte de la agencia Standard & Poor’s Global Ratings (S&P), una de las tres más importantes del mundo, de BBB+ a BBB. La deuda de largo plazo en moneda local también fue sancionada. “El persistente choque político en el Perú está socavando los esfuerzos por mantener una sólida confianza de los inversores y limitando las perspectivas de crecimiento”, señaló S&P en un comunicado. La agencia menciona también que la volatilidad del Gabinete resta predictibilidad a la política pública, erosiona la confianza empresarial y daña las oportunidades de mejora en las condiciones económicas y sociales del país.

Esta no es la primera situación de este tipo desde que asumió el poder el presidente Pedro Castillo. De hecho, S&P ha sido la última de las tres grandes agencias en castigar la deuda peruana. Entre setiembre y octubre del año pasado, Moody’s y Fitch hicieron lo propio, rompiendo una racha de dos décadas sin rebajas de calificación crediticia. Estas decisiones no solo encarecen el crédito para el Estado Peruano, complicando su financiamiento, sino que envían una poderosa señal a los inversionistas internacionales sobre la inestabilidad del país.

El segundo campanazo del viernes fue interno, y vino de las proyecciones del Banco Central de Reserva (BCR). Según el último reporte de inflación de la entidad, la inversión privada tendrá un crecimiento nulo este año, mientras que en el 2023 apenas se expandiría 2% (y eso, “en un escenario de recuperación gradual de la confianza empresarial”). Para el próximo año, el ente monetario anticipa una contracción del 15% en la inversión minera, como consecuencia de la finalización del proyecto Quellaveco y la ausencia de nuevas inversiones en el sector que llenen tal espacio.

Si a eso se le suma un desempeño más lento de lo esperado de la inversión pública –en buena cuenta, por falta de avance en las obras de los ministerios–, el panorama no parece demasiado optimista. Las expectativas de la economía a tres meses, según el BCR, siguen deprimidas, lo que se traduciría en menor dinamismo empresarial, menos empleo e ingresos reducidos para las familias.

Así, si bien algunos indicadores de actividad actual lucen saludables –muchos de ellos ligados a consumo–, expertos locales e internacionales coinciden en que las perspectivas de la economía nacional vienen debilitándose progresivamente por el ambiente político y la precaria situación del Gobierno. Las mediocres proyecciones de crecimiento para este año y el siguiente así lo anticipan. Pero para cuando se sienta el efecto total sobre el empleo y la pobreza de estas heridas autoinfligidas será ya demasiado tarde.