Editorial: Bienvenido el orden

Esta semana, el Congreso aprobó el proyecto de ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Una decisión que, aunque deberá ser ratificada en una segunda votación, es a todas luces un paso positivo para solucionar el caos que todos padecemos.

La creación de una entidad autónoma –el objetivo principal de la campaña #NoTePases de este Diario– busca atacar lo que sería la raíz del problema de transporte metropolitano, y uno de los obstáculos principales para su reforma integral: la multiplicidad de entes con competencia sobre la materia. Este órgano técnico especializado, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pasaría a ser el encargado de establecer, por ejemplo, las condiciones de acceso y operación que deben cumplir los operadores del transporte público; la integración de los modos de transporte y de pago; y las sanciones a aquellos que no cumplan con las normas de tránsito.

Hoy en día, el que diversas entidades compartan competencias sobre la materia se traduce en sinsentidos. Muchas veces algunas de estas toman una decisión que, en realidad, no está encaminada al objetivo general del ordenamiento de transporte o que entra en contradicción con la de otra institución. En julio de este año, por ejemplo, la Municipalidad de Lima (MML) amplió por 18 meses los permisos de todas las empresas de transporte, a pesar de que las 20 con más papeletas impagas le deben al municipio S/83,5 millones. Recordemos también que se han visto casos en los que empresas se amparan en autorizaciones del Callao para contravenir prohibiciones de transitar por Lima.

La multiplicidad de entidades involucradas en materia de transporte también es un dolor de cabeza para los proyectos de inversión. La línea 2 del metro, por ejemplo, actualmente requiere de la coordinación de la MML, la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (ATEE), el MTC, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Cultura e incluso municipalidades distritales. Con la nueva norma, en cambio, la ATU pasaría a tener opinión vinculante sobre el tema. En efecto, esta también tendría competencia sobre asuntos de infraestructura y promovería procesos de inversión pública y privada. Por ejemplo, tendría que otorgar las concesiones no solo para la prestación de servicios de transporte, sino también para la construcción de la infraestructura vial y complementaria requerida para dichos servicios.

Ante el caos que se vive día a día en las calles de la capital, que por fin haya un esfuerzo coordinado por implementar el orden es una buena noticia. Pero, como siempre, al diablo habrá que encontrarlo en los detalles. En este caso, queda por definir, por ejemplo, quién la presidiría. Sabemos que el directorio se compondría de cuatro miembros propuestos por el Ejecutivo y cuatro por municipalidades provinciales, pero será clave ver qué requisitos establece el reglamento para ocupar estos cargos y también qué personas son finalmente designadas. También quedaría por ver quién preside aquel directorio, una decisión que tendría que tomar el MTC en un contexto en el que, sin duda, intereses técnicos deberán primar sobre los políticos.

Tendremos, además, que estar vigilantes a aquella disposición final que declara el transporte servicio público y establece que el Ejecutivo deberá aprobar una política de subsidios. No faltarán, sin duda, políticos que vean esto como una puerta abierta al populismo.

Se espera que la próxima semana el Congreso vuelva a votar sobre este proyecto, que de ser aprobado por segunda vez se convertirá en ley. Su éxito dependerá, sin embargo, de su ejecución.