Editorial: Caja con hueco

Las micro y pequeñas empresas (mypes), qué duda cabe, son una preocupación recurrente de las autoridades políticas y con no poca razón. Solo las microempresas representan más del 96% de las empresas del país y las mypes emplean a más de 8 millones de trabajadores.

En este contexto, no son infrecuentes las propuestas normativas dirigidas a este tipo de emprendimientos que, aunque bienintencionadas, yerran al apostar por la receta fácil de otorgarles un tratamiento preferencial, en lugar de incentivar su crecimiento, productividad y formalización. En ese trayecto de crear exoneraciones o beneficios particulares, además, ocasionan un enorme forado en la caja fiscal, perjudicando las capacidades estatales de adoptar acciones que realmente las favorezcan a ellas, así como a toda la ciudadanía.

Esto es precisamente lo que ha sucedido con el proyecto de ley de “alertas educativas”, presentado por el congresista Miguel Ángel Torres de Fuerza Popular y que fue aprobado unánimemente por el pleno del Congreso en setiembre de este año, aunque fue recientemente observado por el Ejecutivo.

En virtud de esta norma, al detectar una infracción tributaria cometida por una mype, la Sunat no impondría la sanción correspondiente sino que le aplicaría una alerta educativa, es decir, la exigencia de asistir a una capacitación obligatoria en un local de la Sunat en la que se explique con material instructivo el tipo de infracción cometida.

Aunque, a primera vista, puede parecer razonable la idea de educar antes de sancionar a una empresa, cuando se revisa las cerca de 60 infracciones tributarias de las que miles de infractores se excusarían, la imagen cambia bastante. Así, por ejemplo, violaciones dolosas a la ley como ocultar o destruir libros contables y documentación tributaria, usar comprobantes adulterados, o impedir que funcionarios de la Sunat realicen inspecciones o controlen los medios de transporte, difícilmente se cometan por una falta de capacitación.

Por otro lado, tal como lo advierte un estudio de la Cepal citado por la Presidencia de Consejo de Ministros en su observación a la autógrafa de la ley, la participación en cursos de capacitación no ha reducido significativamente la posibilidad de incurrir otra vez en la infracción en otros países. Así, en lugar de incentivar la formalidad o premiar el respeto a la ley de los buenos contribuyentes, se da un trato benigno a quienes la han incumplido. Un beneficio que podría bordear los S/506 millones, que fue el monto total de multas impuestas a las mypes por la Sunat el año pasado, al detectarse aproximadamente 101.000 infracciones.

También en la agenda del Congreso está el proyecto de ley del parlamentario fujimorista Edwin Vergara que crea el “Sello Mype”, el cual, si bien busca “impulsar el fortalecimiento y desarrollo” de las mypes, en realidad tiene como beneficiario directo a las empresas de cualquier tamaño que compren productos o contraten servicios de las micro y pequeñas empresas.

Estos beneficios van desde la obtención de un puntaje adicional en los procesos de adquisiciones y contrataciones del Estado –lo cual, paradójicamente, podría terminar por perjudicar a las mypes competidoras– hasta la deducción de algunos gastos (los bienes muebles adquiridos a las mypes o la capacitación y asistencia técnica a estas empresas) que disminuirían los montos a pagar por Impuesto a la Renta y que se podrían sumar a las deducciones ya vigentes bajo el régimen tributario general, generando un agujero fiscal de aproximadamente S/10.000 millones, según estimados de Contribuyentes por Respeto.

Han sido varios los congresistas –incluyendo al propio Torres– que han aireado su preocupación por la baja recaudación fiscal del Estado. Pero contrariamente a lo que diversos proyectos legislativos parecen apuntar, lograr que esta recaudación aumente pasa por eliminar privilegios y exoneraciones tributarias que generen distorsiones. Así, en el Parlamento harían bien en reconsiderar iniciativas como estas que poco harán por garantizar el crecimiento de las mypes y sí mucho daño a la billetera estatal.