Editorial: Caras vemos, antecedentes no sabemos

Cualquier ciudadano que disponga de su libertad debería poder elegir y ser elegido como autoridad, en tanto es un derecho fundamental reconocido por la Constitución. El electorado, por su parte, debe estar plenamente informado de los antecedentes que tengan los candidatos que postulen a cargos públicos. 

En ese sentido, es deber de los partidos y organizaciones políticas conocer a quienes nos propongan como candidatos y hacernos saber todo lo concerniente a sus postulaciones.

Si no nos brindan esa información, ¿de qué le sirve el partido político a la ciudadanía? Se entiende que podría ser útil para quienes crean en su ideología, programa o simpatía. El resto de ciudadanos, sin embargo, ¿no se verían, acaso, afectados por la negligencia partidaria cuando un candidato sentenciado o con procesos pendientes es presentado a un cargo público?

Un partido no solo debe demostrar que puede recaudar firmas para su inscripción. Tiene que demostrar, en los hechos, que es una organización eficiente y responsable en relación a las personas que recomienda como autoridades. De lo contrario, su trabajo pierde validez.

No se trata, por supuesto, de satanizar a quien tenga procesos o sentencias. Cada caso debe ser evaluado independientemente. La venganza política o personal, finalmente, podría impedirnos elegir a una persona idónea y honesta.

La clave para resolver este problema se encuentra en la publicidad. El público tiene que conocer a los candidatos que cada partido presenta y los motivos por los cuales han sido escogidos. Si la organización cree que una persona con antecedentes o procesos en curso debe poder ejercer su derecho y es un candidato plausible, tiene que justificarlo y hacer campaña por él.

Esta semana los partidos políticos presentaron sus listas al Congreso. Entre los que tienen mayor número de candidatos con antecedentes penales se encuentra Alianza para el Progreso (APP), con nueve de ellos. 

Este partido, evidentemente, no es el único. Según la asociación civil Transparencia, 15 partidos presentaron candidatos con antecedentes penales, 14 agrupaciones incluyeron a candidatos con antecedentes civiles y 15 a candidatos con procesos en curso.

En el partido de Julio Guzmán, Todos por el Perú, por ejemplo, postula Rómulo Gutiérrez, quien declara tener un proceso penal, sin especificar de qué tipo. En la lista de Peruanos por el Kambio (PPK), por Amazonas, postula José Luis Novoa, quien tiene tres condenas por peculado, colusión y falsificación de sellos (y no ha pagado ninguna de las reparaciones civiles correspondientes).

No basta con llenar formularios y pasar las listas por la Ventanilla Única del Jurado Nacional de Elecciones. Hay que tomar el escrutinio en serio, no escudarse en los trámites cumplidos y ser minuciosos a la hora de reclutar y seleccionar posibles candidatos. Esto no solo porque mejora la calidad de la lista de postulantes, sino también porque demuestra la importancia que deposita el partido en lograr un Congreso idóneo. 

Muchos se preguntan por la crisis de los partidos políticos en el país y el surgimiento permanente de candidatos fuera de las estructuras partidarias. Después de ver los resultados de la ineficiencia o descuido de los filtros en las listas al Poder Legislativo, ¿puede haber duda sobre qué es lo que aleja a la ciudadanía de las organizaciones políticas formales?

En el país, los propios partidos, incluso los más tradicionales, no representan la institucionalidad que la ciudadanía reclama. Mientras no tomen en serio la tarea de organización y selección de cuadros dentro de sus organizaciones, poco se avanzará en la formalización política. 

Mientras el interés sea llegar al poder como sea, no saldremos del proceso de degradación política que vivimos. 

El actual proceso puede marcar el inicio de un cambio.