Editorial:Más cerca de ti

El clientelismo político es tan antiguo como la política misma. El otorgamiento de favores o dádivas usando el poder público a cambio de apoyo popular es una práctica tan extendida como perniciosa. En este marco, los programas sociales pueden ofrecer una fuente inigualable de ventaja para el grupo político a cargo de ellos. 

Los ejemplos regionales abundan –se vieron hace no mucho en México, en Brasil, en Venezuela y en la Argentina peronista–, y el Perú no ha sido la excepción –piénsese, si no, en las acusaciones pasadas sobre el uso político de iniciativas como el Programa Vaso de Leche–. Y aunque en muchos casos no llega a calificar como delito, el sabor que deja es muy similar.  

Es en parte por eso que no debe pasarse por alto el nombramiento del congresista oficialista Jorge Meléndez como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). El señor Meléndez, natural de Loreto y congresista por dicha región, refuerza la presencia de Peruanos por el Kambio en el “Gabinete de la reconciliación” y eventualmente podría consolidarse como pieza fundamental del partido.  

No hay, ciertamente, ningún impedimento político, legal o ético en que un miembro del partido de gobierno asuma la cartera a cargo de los programas sociales; de cierto modo, incluso, se puede decir que ello acerca la propuesta política del ganador de los comicios presidenciales a los ciudadanos más necesitados. Pero el nombramiento de un cuadro político al frente del Midis es motivo suficiente para prestar algo más de atención a la manera en que se distribuyen las transferencias y demás beneficios. 

En este contexto, hizo bien el Midis en publicar hace poco más de una semana las “Disposiciones sobre la neutralidad y transparencia de los servidores civiles” del ministerio y sus programas adscritos durante los procesos electorales –si bien se sabe que la norma por sí sola no es garantía de mucho. El verdadero tono del ministerio será el que le imprima su nuevo titular y el equipo que este traiga consigo. 

Obviamente, el Midis actual tiene tareas pendientes por delante. El funcionamiento del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), instrumento clave para determinar a los beneficiarios de los programas sociales en todo el país, puede ser mejorado, en tanto que el trabajo con las unidades locales de empadronamiento de las municipalidades provinciales y distritales, responsables de la atención a las personas que postulan a los programas, debe fortalecerse. En octubre pasado, por ejemplo, la contraloría informó que, entre los años 2012 y 2014, fueron 206 autoridades elegidas por voto popular las que se incluyeron en el padrón del programa Juntos. Pero, aún con sus limitaciones, es justo decir que el Midis ha sido gestionado de manera relativamente eficiente y neutral desde su concepción. Poner en riesgo lo ganado hasta ahora sería una injusticia con las poblaciones más vulnerables que dependen del buen manejo de los recursos públicos y, además, una seria fuente de desestabilización y condicionamiento del sistema democrático. 

Como con cualquier programa de ayuda social, el objetivo final del Midis debe ser eliminar la necesidad de su propia presencia. Dentro de lo posible, la ayuda temporal a la población más vulnerable debe estar orientada a fortalecer sus capacidades para permitirle levantarse por encima de la pobreza por sí sola eventualmente, jamás a que permanezcan en el programa. Los riesgos de tener una población dependiente de manera indefinida del favor político para acceder a los bienes más básicos son ampliamente conocidos. Y esta vez hay más motivos para mirar de cerca que ello no suceda.