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Editorial: El club de los ex presidentes

Sumar otro ex mandatario requerido por la ley es prueba de que en el Perú la justicia también puede llegar a los poderosos.

Editorial

Ollanta Humala y Nadine Heredia

Audiencia que decidió la suerte de Ollanta Humala y Nadine Heredia finalizó a las 8:22 p.m. del jueves. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

Ayer el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria aprobó el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, presentado por la fiscalía de lavado de activos. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

Audiencia que decidió la suerte de Ollanta Humala y Nadine Heredia finalizó a las 8:22 p.m. del jueves. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

Ayer, cuando el Poder Judicial decidió que existen razones suficientes para ordenar la prisión preventiva del ex presidente Ollanta Humala y de la ex primera dama Nadine Heredia, muy probablemente el Perú se volvió el único país que tiene a dos ex mandatarios tras las rejas y a otro con orden de captura y en proceso de extradición. Este lamentable récord, sin lugar a dudas, es síntoma de las patologías de nuestra democracia. Después de todo, evidencia que el sistema que debería servir para garantizar que los políticos no abusen del Estado, por algún motivo, en nuestro país produce gobernantes que terminan mereciendo pasar tiempo en la cárcel.

No es disparatado pensar que las ramificaciones de esta coyuntura terminen agravando la situación en la que se encuentra la democracia peruana. A fin de cuentas, el descrédito de la institución de la Presidencia de la República puede tener como natural consecuencia que menos peruanos confíen en los políticos, en el sistema de partidos, en el Estado y en los procesos democráticos. Algo que podría traer consigo, a su vez, que más ciudadanos eventualmente cedan a la tentación de algún populista autoritario.

Ahora, ¿que haya engrosado el número de ex presidentes a los que la justicia les ha echado el guante es solo una mala noticia? En este Diario creemos que no. Y es que, por un lado, si bien aquello prueba lo permeable que es nuestro país a la corrupción, por otro lado ver que es posible que ellos lleguen a la cárcel también es testimonio de que en nuestro sistema de justicia –con toda sus fallas– tampoco impera la impunidad. Que existan fiscales y jueces dispuestos a luchar contra la corrupción y que la ley también se les aplique a los poderosos debería ser esperanzador para un país donde a menudo se siente lo contrario.

Esta es la lección que consideramos que debemos extraer del caso de los señores Humala. Como ya hemos señalado en esta página, existe abundante evidencia de que ellos desviaron parte del dinero del financiamiento de las campañas presidenciales del Partido Nacionalista en el 2006 y en el 2011. Este dinero, además, parecería tener origen ilícito, pues provendría de las arcas públicas venezolanas y de empresas brasileñas involucradas en actos de corrupción.

Ahí están como prueba, por ejemplo, las extrañas transferencias realizadas por empresas venezolanas vinculadas con el chavismo a Nadine Heredia. También, los depósitos que realizaron entre el 2006 y el 2009 en la cuenta de la hoy ex primera dama supuestos donantes que no tenían capacidad económica para hacer dichas donaciones. Asimismo, los 65 testigos de la fiscalía que fueron consignados como aportantes de S/1,6 millones en la campaña del 2006 y que hoy niegan haber donado ese dinero. Adicionalmente, el fiscal presentó interceptaciones telefónicas a personas del entorno cercano a los Humala que mostrarían que estos últimos intentaron influenciar a los testigos para que declarasen haber realizado los aportes en cuestión. Encima de ello, tenemos S/2 millones que, según la ONPE, el nacionalismo no tuvo cómo sustentar en la campaña del 2011. A esto se suma la evidencia de los movimientos dinerarios consignados en las agendas de la primera dama –cuya propiedad ella originalmente negó y luego se vio forzada a reconocer–, que incluyen montos que superan los US$8 millones. Y, como si lo anterior fuese poco, están las confesiones del empresario Marcelo Odebrecht y del ex director de su constructora Jorge Barata, quienes aseguran haber entregado US$3 millones al Partido Nacionalista –vía Nadine Heredia–, que provenían de su oficina de sobornos.

Es cierto que aún no hay una sentencia en este caso y que la prisión preventiva es solo la medida que consideró necesaria el juez para que los acusados no escapen. Sin embargo, todo parece indicar que el cerco se estrecha alrededor del ex presidente y de su esposa. Y si bien sumar un ex presidente al club de los ex mandatarios requeridos por la ley pone en evidencia las imperfecciones de nuestra democracia, también debe ser visto como prueba de que en el Perú, para los poderosos, la justicia no siempre es ajena.

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