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Editorial: Un concejo precipitado

Con respecto al problema de los peajes, el alcalde de Lima ha propuesto hacer una evaluación con conclusión incluida

Editorial

Jorge Muñoz aclaró que Municipalidad de Lima contrató a Mario Castillo para “defenderlos” de arbitrajes

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, señaló que se debe sanciona con la máxima pena. (Foto: GEC)

Uno de los efectos más notorios del destape de los arreglos corruptos entre las constructoras brasileñas y la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán es, de seguro, la indignación que hace presa de cada ciudadano cuando tiene que pagar los onerosos peajes derivados de ellos.

En realidad, OAS vendió ya hace algún tiempo su participación en el proyecto Línea Amarilla (que comprende 11 peajes) y Odebrecht se ha quedado solo con un 25% de Rutas de Lima (que comprende 7), pero igual tiene uno la sensación de ser la víctima de un despojo a plazos cada vez que pasa por el trance referido; y la necesidad de buscar una solución a esa situación de abuso es tan evidente como impostergable.

El reflejo natural de quienes sufren cotidianamente el atropello es exigir que los contratos que lo hacen posible sean anulados de inmediato, pero lamentablemente las cosas no son tan sencillas. Existe tras ellos un tramado legal con el que hay que lidiar técnicamente para que luego las consecuencias del eventual acto catártico no coloquen al municipio metropolitano –y por lo tanto a los vecinos que lo financiamos con nuestros tributos– en una postración mayor que la que ya enfrenta.

Como Julio César Castiglioni, Enzo Defilippi y otras voces autorizadas han anticipado, el desconocimiento unilateral de esos contratos solo nos arrastraría a procesos de arbitraje internacional en los que la Municipalidad de Lima llevaría las de perder.

Poner esta realidad delante de los ojos de los ciudadanos que padecen el ya mencionado despojo es, por cierto, convertirse en alguna medida en un aguafiestas… Pero es la obligación de quienes se ofrecieron a gobernar la capital con responsabilidad y resguardando el mejor interés de sus vecinos. Y el alcalde Jorge Muñoz no parece dispuesto a cumplir con ella.

Antes de ayer, en efecto, lanzó algunos pronunciamientos sobre el problema de los peajes que daban la impresión de estar más dirigidos a las tribunas que a quienes esperan de él la orientación del líder que calibra la materia que tiene por delante antes de actuar.

“No quiero ningún peaje manchado por la corrupción […]. Estamos convocando al concejo para la debida evaluación y la toma de decisiones del caso”, declaró primero a la prensa. Y luego anotó en su cuenta de Twitter: “Hoy he convocado al concejo metropolitano para enfrentar juntos […] la grave crisis que ha manchado las obras que los ciudadanos necesitan. Los contratos de la corrupción no van. Los peajes de la corrupción no van”.

Por un lado, propuso una curiosa evaluación, pues junto con ella anunciaba ya sus resultados. Y por otro, sucumbía claramente a la tentación política de decirle a la gente lo que quiere escuchar, sin detenerse a reflexionar en las consecuencias. Entre ser serio y ser popular, optó nítidamente por lo segundo.

No se trata, desde luego, de un comportamiento inédito en la política local o internacional. En realidad, lo que abunda en el mundo entre quienes desempeñan cargos que dependen de la elección popular o aspiran a ocuparlos es la vocación por gozar de la aprobación ciudadana a cualquier costo.

Tenemos la impresión, no obstante, de que el señor Muñoz les ganó en octubre pasado a sus competidores precisamente por lucir como lo opuesto. Es decir, como una persona más interesada en el compromiso del buen gobierno desde la alcaldía que en la deriva sin norte que acarrea siempre el intento de sintonía perpetua con los cambiantes humores de las encuestas.

Ya había dejado entrever esta actitud cuando, algunas semanas atrás, decretó que el contrato con Graña y Montero para reactivar la Vía Expresa Sur quedaría “sin efecto” a raíz de lo declarado sobre esa empresa por Jorge Barata ante los fiscales peruanos en Curitiba (una información que, en esencia, ya se conocía). Pero lo que pudo parecer entonces un exabrupto adquiere ahora ribetes de patrón, con este intento de precipitar al concejo a una decisión previamente adoptada por él.

El atropello de los peajes debe cesar, pero de la mano de la ley y a través de la negociación. No con gestos que busquen el aplauso y a la larga resulten más costosos para todos.

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