Editorial: Contrataciones y adquisiciones (suculentas)

Si es verdad que la vida está llena de ironías, nunca lo es tanto como cuando hablamos de esa porción de la vida que es protagonizada por los políticos. No en vano ellos deben construir sus carreras seduciendo mayorías y, por lo tanto, teniendo constantemente frente a sí la tentación de las declaraciones tajantes, de esas que suelen servir para proyectar una imagen decidida y poderosa del candidato, pero que luego, por su propia contundencia, se revelan muy difíciles de ser cumplidas por el gobernante.

Un claro ejemplo de esto último nos lo ha dado ahora el presidente Humala. Confrontado por el dato de que bajo su gobierno se ha triplicado el número de contrataciones que el Estado realiza con entidades internacionales –y, por lo tanto, fuera de los controles del sistema general de contrataciones del Estado–, ha respondido que esta es la única forma de “avanzar con las obras” porque “los mecanismos que tiene el Estado son muy burocráticos”. Lejos han quedado pues los días en que el candidato Humala prometía fiscalizar estos contratos, ante los fuertes indicios de corrupción que comenzaron a salir a la luz en varios de ellos, y aún incluso expulsar del país a las instituciones internacionales que resultaran culpables.

La mayor ironía, sin embargo, está en que tanto el candidato Humala como el presidente Humala han tenido razón en lo que han dicho sobre el punto: es cierto que estos contratos, donde se dispone de cientos de millones de soles de los recursos públicos sin control alguno, son una oportunidad ideal para la corrupción. Y es también verdad que los trámites que contemplan las normas de contrataciones del Estado constituyen una maraña inmovilizante, con la que resulta muy difícil avanzar en la realidad. 

De hecho, los requisitos de esta maraña son tan insensatos que han generado el surgimiento dentro del propio Estado del mismo fenómeno que este ha creado, con otra maraña semejante, en nuestra economía: la informalidad. ¿O es que esta manera tan ingeniosa que han encontrado nuestros funcionarios para contratar al margen de lo que disponen sus reglas de contrataciones, por encontrar a estas últimas incumplibles, no es la versión estatal de la informalidad empresarial? Sin duda lo es, con la diferencia, claro, de que el Estado ha creado para sí mismo una excepción normativa a fin de dar forma legal a su informalidad. 

Así es como tenemos que solo en los últimos tres años el Estado ha contratado S/.3.000 millones por medio de estos organismos internacionales, sin que la contraloría pueda meter sus narices en ellos, entre otras cosas, porque el carácter altruista de las aludidas entidades permite que las comisiones que cobran por su participación en estos contratos puedan registrarse como “donaciones”. Lo que hace que a nadie deba extrañar que en el Perú la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) compre gorras, pasajes aéreos y uniformes para el Ministerio de Educación, o que la Organización Internacional para las Migraciones haya sido la encargada de realizar el año pasado la licitación de la nueva sede del Banco de la Nación (por S/.412 millones) y la de un vecino Centro de Convenciones (por S/.520 millones).

Lo que es más, estas organizaciones suelen gozar también de inmunidad diplomática, la misma que pueden alegar, por ejemplo, en caso el Ministerio Público esté investigando alguna adquisición para la que el Estado las haya subcontratado. Así sucedió cuando se investigaba una adquisición de 79 ambulancias aparentemente sobrevaluadas que el hoy famoso presidente regional de Áncash realizó por medio de una de estas instituciones; y así se frustró la entrega por parte de la antes mencionada OEI de la información que poseía sobre ciertas proyectadas licitaciones de hospitales que quedaron registradas en los inolvidables ‘petroaudios’ del gobierno anterior y que iban a ser realizadas por medio de esta organización. 

Desde luego, nada de esto quiere implicar que la respuesta que el presidente ha dado al problema haya sido satisfactoria. En lugar de decir “como las normas regulares son inviables, las modificaremos para que sean viables y así el Estado pueda contratar dentro de un sistema con controles”; ha dicho “como las normas regulares son inviables, el Estado va a seguir contratando al margen de estas y sin ningún control”. 

Lo que sí ha sido la respuesta del presidente es sintomática. Ha reflejado la mentalidad de nuestro Estado. Una mentalidad para la cual la ley es una forma de hipocresía: lo que importa es lo que ella dice, no si esto se cumple. Y así, de la misma manera en que no se puede flexibilizar, digamos, nuestro régimen laboral porque ello supondría “quitarle derechos a los trabajadores” (aunque según la OIT el 68% de ellos esté contratado informalmente); no se puede simplificar el régimen ordinario de contrataciones del Estado porque ello supondría facilitar las cosas a la corrupción. Mucho mejor que este régimen siga ahí, exhibiendo orgullosamente todas sus fiscalizaciones y garantías, mientras el Estado continúa contratando, tranquilamente, al margen de él.