Editorial: Control político

Explicar las razones por las que el titular de un órgano clave para la lucha contra la corrupción –como lo es la contraloría– debería mantenerse aséptico de los sesgos políticos parece un ejercicio pueril. Y sin embargo, vistos los últimos anuncios del contralor Edgar Alarcón, se hace inevitable retornar sobre este punto.

En una entrevista emitida el último fin de semana, Alarcón realizó algunas declaraciones que causaron revuelo. Entre ellas, la que más polémica ha despertado ha sido el anuncio de que estaba próximo a presentar los resultados de la labor de control realizada por su institución sobre las presuntas irregularidades en la compra de computadoras del Ministerio de Educación (Minedu). Las mismas que, en diciembre pasado, dieron pie a la censura del ex ministro Jaime Saavedra.

Sobre este punto, el contralor afirmó: “Estamos concluyendo con presuntos indicios de responsabilidad penal. El día lunes voy a revelar, en detalle, quiénes son los involucrados”. Sin embargo, ante la insistencia del entrevistador, Alarcón adelantó: “Me gustaría tener el documento, pero los indicios claros es que la actual ministra de Educación estaría involucrada”. Ello en tanto, como se sabe, antes de asumir esa cartera, la hoy ministra Marilú Martens ya laboraba en el Minedu como directora general de Servicios Educativos Especializados.

Más allá del estrépito general que causó esta infidencia, y sin entrar a discutir el fondo de la denuncia, las declaraciones de Alarcón llaman la atención por dos motivos particulares. Por un lado, porque –como denunció primero la ministra Martens, y luego confirmó la propia contraloría– la acusación llegó antes de que se conozcan los descargos de los funcionarios involucrados. De hecho, el plazo para emitir esos descargos recién vence hoy. ¿Cómo así, entonces, Alarcón ya conocía y decidió hacer públicos los “resultados” de una investigación todavía en curso?

Lo anterior es más grave si se considera que este tipo de conductas están expresamente prohibidas por las normas del sistema de control. En efecto, según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, uno de los principios del control gubernamental es el de la reserva, “por cuyo mérito se encuentra prohibido que durante la ejecución del control se revele información que pueda causar daño a la entidad [o] a su personal”. Otro es el del debido proceso de control, que implica el derecho del investigado a ser escuchado antes de que se emitan las conclusiones. Asimismo, según las Normas Generales de Control Gubernamental, “el personal [de la contraloría] no debe emitir opiniones adelantadas sobre las actividades de la entidad, las personas sujetas a control y sobre los resultados de su propia labor” (artículo 2.12).

Por otro lado, el contexto en el cual fue hecha la acusación también despierta suspicacias. Ello pues, tras su reciente enfrentamiento con el ex ministro de Economía Alfredo Thorne, Alarcón tuvo ya algunas reacciones más propias de un actor político que de uno técnico, como exigir su renuncia ante la prensa en repetidas ocasiones.

Todo esto, además, se enmarca en un contexto mayor de una serie de denuncias en contra de Alarcón que han motivado un pedido –que este Diario respalda– para que sea removido del cargo por el Congreso (y que hoy podría ser ratificado por el subgrupo de la Comisión Permanente que evalúa el caso). Las denuncias abarcan las extrañas compras y ventas de cerca de 100 vehículos por US$1’168.295 realizadas por él y dos de sus hijos (que, según explicó, fueron hechas “para mantener vigente el parque automotor familiar”), la cuantiosa liquidación otorgada a una ex funcionaria de la contraloría con la que tuvo dos hijos, irregularidades en la compra de dos terrenos, la presión que ejerció sobre el auditor que emitió estas denuncias para que las retire y el informe de la Universidad Nacional de San Agustín que concluye que Alarcón habría obtenido su título profesional de contador de “manera fraudulenta”.

Todo esto no quiere decir, por supuesto, que no deban continuar las pesquisas de la contraloría sobre las presuntas compras irregulares en el Minedu. Pero, a juzgar por la aparente incapacidad de Alarcón para comprender que su rol de control gubernamental debe ser técnico y no político, convendría que ello ocurra bajo la dirección de un nuevo contralor.