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Editorial: El otro cuoteo

La no renovación de contrato a trabajadores del Congreso con filiación política hace patente un mal presente en todo el Estado.

Editorial

Congreso

El ‘cuoteo’ partidario es en realidad un mal presente en toda la administración pública. (Foto: GEC)

En estos días en que la meritocracia como criterio para acceder a determinadas responsabilidades ha estado en el centro del debate legislativo, la no renovación de contrato a cerca de 130 trabajadores del Congreso con filiación política parece un eco de esa discusión.

Se trata de una decisión adoptada por el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, quien, al ser consultado por la prensa sobre las razones de la misma, ha sentenciado: “Estamos sincerando las planillas. El Congreso no puede ser agencia de empleos del partido de turno”. Una clara alusión a Fuerza Popular (FP), de cuyas filas proviene la enorme mayoría de los afectados por la medida.

Salaverry ha anunciado también que, a partir de ahora, se realizará un concurso público, en convenio con una “universidad prestigiosa” para acceder a tales puestos y que los trabajadores salientes podrán presentarse a él si desean regresar. “Si logran pasar el concurso público, nada les impide volver a sus puestos”, ha aclarado. Lo suprimido, según él, es solo “el tarjetazo y el padrinazgo”.

Como era previsible, la disposición ha generado en el Legislativo reacciones diversas, a veces dentro de un mismo partido. Así, mientras Segundo Tapia, segundo vicepresidente del Congreso e integrante de la bancada fujimorista (aunque con licencia), considera que lo ocurrido sería un despido realizado “de manera arbitraria, autoritaria y abusiva”, el vocero de ese grupo parlamentario, Carlos Tubino, descarta que haya existido provocación alguna en el gesto del titular del Parlamento, pues con la incorporación de las nuevas bancadas –ha aseverado– “hay que racionalizar [el presupuesto] por un lado, para utilizarlo por otro”.

Especialmente preocupante, por otra parte, es lo sostenido por Yonhy Lescano (Acción Popular), quien ha identificado a los trabajadores cuyos contratos no serán renovados con “troles que se dedicaban a atacar a los opositores del fujimorismo, hacían difamaciones, utilizaban recursos del Estado y usaban el Congreso como su fundo”. Una acusación particularmente seria que debería ser investigada de manera simultánea a la auditoría general a las contrataciones de personal, bienes y servicios desde el 2016 que Salaverry también ha ordenado.

En cualquier caso, episodios como el del coronel en retiro Walter Jibaja, que fue el encargado de dar capacitaciones en FP durante la última campaña electoral y acabó desempeñándose –con discutida imparcialidad– como jefe de seguridad del Parlamento, sugieren que la preocupación podría tener motivaciones atendibles. Jibaja, como se recuerda, terminó renunciando al puesto, presionado por la opinión pública.

Tan importante como el eventual sesgo que podría existir de parte de los militantes o simpatizantes de uno u otro partido en el ejercicio de sus funciones, sin embargo, es la naturaleza eventualmente prescindible del cargo que ostentan. Porque, en honor a la verdad, la acusación de que en el Congreso se contrata personal para pagar favores políticos o con ánimo clientelista circula desde mucho antes de que FP obtuviese la mayoría que le permitió en estos dos últimos años manejar la Mesa Directiva a su antojo. Quizás, pues, la coyuntura política presente ofrezca la posibilidad de acabar con un problema que arrastramos desde hace décadas.

Lo que pueda suceder en el Parlamento a partir de la imposición de la meritocracia como criterio para la contratación de personal debería, además, ser repetido en otras instancias del Estado, pues el ‘cuoteo’ partidario es en realidad un mal presente en toda la administración pública, y ningún gobierno ha logrado sustraerse a él.

En lugar de denunciar la iniciativa como una arbitrariedad y un ‘despido’ (lo que claramente no es, porque los contratos con fecha de expiración se celebran precisamente para evitar ese trance), los representantes de los partidos cuyos militantes dejarán de ser trabajadores del Congreso en el futuro inmediato deberían saludar la medida y vigilar que se aplique con rigor, pues lo peor que podría suceder ahora es que todo este tumulto solo sirva para cambiar unas cuotas por otras.

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