Editorial: Día 95

En tiempos en que la campaña navideña empieza en octubre, y la escolar en diciembre, no causa mucha sorpresa que el presidente Kuczynski se haya anticipado a presentar los avances de su gobierno a los 91 días, en lugar de los simbólicos 100. Como estrategia política, además, este adelanto permite al gobierno cambiar la temática de la discusión pública, centrada últimamente en las primeras dificultades que ha experimentado.

A pesar de los primeros escándalos como el del “negociazo” del ex consejero presidencial Carlos Moreno, las disputas internas en la bancada parlamentaria oficialista y el conflicto social en la operación minera Las Bambas, sería prematuro anunciar el término de la “luna de miel” que suele acompañar a los mandatarios en el amanecer de sus gestiones.

Las formas distendidas de Kuczynski –que contrastan con las de sus predecesores– le han valido cierta afección de la gente, y la confianza de quienes esperaban que el respeto a las libertades civiles (puesto de manifiesto en su apoyo a la unión civil y a la distribución de la píldora del día siguiente) formaría parte de su agenda, como prometió durante la campaña electoral.

Pero este proceder desternillante se confundió, en ocasiones, con bravatas innecesarias contra el fujimorismo, como cuando declaró en una entrevista su intención de “jalarse” a unos cuantos de sus legisladores, o cuando instó al Parlamento a “despertarse” mientras se discutía la aprobación de facultades legislativas. Actitudes que, en su momento, dificultaron la de por sí empinada tarea que tenía a cuestas el Gabinete de Fernando Zavala frente a un Congreso con amplia mayoría opositora.

El desempeño del Consejo de Ministros, por cierto, ha sido bastante prolijo en sus dos pruebas más fuertes: el voto de confianza y la solicitud de facultades legislativas; al punto que la opinión pública los respaldó cuando una inicial intransigencia opositora traslucía un escenario poco auspicioso.

El sector Interior ha sido uno de los más activos, mostrando cambios concretos como la reorganización de la pirámide policial y la investigación y separación de malos elementos, junto con algunos resultados como la desactivación de bandas criminales (que incluían a agentes policiales) y la captura de delincuentes a través del programa de recompensas. Un buen inicio para un largo camino.

Las medidas concretas de reactivación económica aún están por verse. El discurso parece ser el correcto al enfocarse en la simplificación y reducción de la carga tributaria y el destrabe de los grandes proyectos de inversión pública y privada. Sin embargo, todavía se espera el desenmarañamiento de las varias microrregulaciones sectoriales innecesarias existentes. Precisamente, aquellas que hacen la vida imposible a los micro, pequeños y medianos empresarios que representan al 99% del empresariado nacional y al 63% del empleo en el país.

Los problemas que han ocasionado el descenso en la aprobación popular del gobierno, por otra parte, muestran cierto aletargamiento o ingenuidad en algunos asuntos. En el caso del “negociazo”, por ejemplo, la falta de control previo para evitar dar tan alto rol a Moreno es atribuible exclusivamente al gobierno –como también lo es el haber nombrado asesor presidencial a Jorge Villacorta incumpliendo el requisito legal de contar con un título universitario–. Mientras que en Las Bambas, al tratarse de quizá la operación minera más relevante para el país y considerando los antecedentes de conflicto que venían del gobierno pasado, cuando menos se puede reclamar al gobierno un conocimiento más oportuno y adecuado de las demandas de la población y el diseño de una estrategia en caso de que se desatara el conflicto. La demora de dos meses para nombrar al nuevo encargado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad es una muestra de un riesgoso entumecimiento en la materia.

No se puede pretender grandes resultados en 100 días, ni avances en todas las reformas que debe procurar el gobierno en los 1.826 días que durará su encargo. Pero sí debe ser consciente de que, más temprano que tarde, deberá asumir aquellas reformas que, no por impopulares, son menos trascendentales. La reforma laboral para mejorar la productividad y reducir la informalidad, la participación privada en sectores que hoy conducen empresas estatales deficientemente, como agua, saneamiento y petróleo, y una estrategia para reducir los conflictos sociales y reprimir las violaciones a la ley –ya convertidos en costumbre en la minería peruana– son aspectos fundamentales si se aspira realmente a contar con un país moderno y más próspero al bicentenario.

Si algo le deben haber enseñado estos 95 días al gobierno –en especial sus traspiés–, es que la prevención es la clave.