Editorial: La doctrina del elegido

Hace dos días, el presidente Martín Vizcarra pronunció un discurso en Palacio de Gobierno con motivo de la promulgación de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, que había aprobado el Congreso a inicios de mes. Sobre el final de su alocución, sin embargo, el jefe de Estado sorprendió con una observación que pareció un intento por acallar las críticas que han empezado a borbotear a su alrededor debido a presuntas irregularidades detectadas en la última campaña de Peruanos por el Kambio (Ppk), en la que, como sabemos, Vizcarra se desempeñó como jefe desde febrero del 2016.

“Sabemos, también, que intentan desprestigiar, ensuciar y poner un manto de dudas sobre este presidente y sobre el equipo de gobierno. El objetivo de ellos es claro: es intentar debilitar la lucha contra la corrupción, es tratar de confundir y engañar a los peruanos con mentiras y medias verdades, diciendo que los que llevamos adelante esta lucha somos iguales a ellos, porque no quieren reformas, porque no quieren justicia, porque lo que quieren es impunidad”, denunció el mandatario.

En buena cuenta, pues, el presidente ha trazado una suerte de línea de ‘nosotros contra ellos’, por la que él y su equipo de gobierno se hallarían, según se desprende de sus dichos, en el lado correcto de una supuesta contienda. Con ello, Vizcarra no solo parece intentar viciar de origen cualquier cuestionamiento que surja contra él –a los que califica automáticamente de ‘mentiras’ o ‘medias verdades’– sino que, además, dice que ha detectado detrás de ellos un interés soterrado: el de entrampar o frustrar la lucha anticorrupción que su gobierno ha emprendido. Una reformulación de un pensamiento que se podría resumir de la siguiente manera: ‘como yo lucho contra la corrupción, todo el que luche contra mí estará, por extensión, a favor de la corrupción’.

Si a ello, además, le sumamos sus declaraciones del pasado 14 de febrero en Cusco (“si estamos luchando contra la corrupción es porque […] tenemos la autoridad moral para señalar de frente a los corruptos”), lo que tenemos es una reedición de la vieja doctrina que señala que solo ciertos ‘elegidos’ tienen la solvencia y las credenciales para empujar cambios trascendentales en una sociedad, y que sus críticos son, en realidad, enemigos del pueblo. Una herramienta a la que, dicho sea de paso, el mandatario ya recurrió en agosto pasado, cuando manifestó desde Tacna: “Yo sabía que […] iba a enfrentarme [a] grandes intereses […]. ¿Pero saben qué? Aquí, al lado de Grau y Bolognesi les digo que no me van a doblegar […] no podrán contra el pueblo”.

Y, si bien es positivo –como hemos mencionado antes aquí– que el presidente haya decidido emprender una lucha frontal contra la corrupción, también es cierto que el éxito de esta no pasa exclusivamente por su persona, sino más bien por una política pública que involucra a otras instituciones.

Nada de esto, claro está, quiere decir que muchas críticas y ataques contra el jefe de Estado tengan, en efecto, motivaciones políticas que buscan desestabilizar su gobierno. Pero también es cierto que han surgido dudas sobre el rol que desempeñó como jefe de una campaña que, según ha revelado este Diario, parece haber aquejado los mismos vicios que otras en cuanto a sus formas de financiamiento.

Sea como fuere, si está relacionado o no en algún acto irregular, es algo que se irá esclareciendo. Pero más allá de ello, el presidente Vizcarra podría plantear una agenda anticorrupción más activa que incluya acciones concretas –como la auditoría de grandes proyectos– para demostrar que tiene una visión más integral del tema. Después de todo, es poco probable que una agenda como la que ha mostrado hasta ahora pueda sostener un gobierno exitoso a lo largo del tiempo que le queda.