"'El Congreso lo hizo' parece ser el eslogan que se persigue, pero el problema será que lo hizo mal".
"'El Congreso lo hizo' parece ser el eslogan que se persigue, pero el problema será que lo hizo mal".

Desde su génesis, este Congreso se ha acostumbrado a aprobar normas sin que estas hayan sido el resultado de un análisis técnico responsable que certifique su pertinencia y viabilidad. Según parece, cuando se está a la caza de aplausos de la tribuna y cuando la ejecución de una iniciativa recae en otros –Poder Ejecutivo o sector privado, por ejemplo–, poco interesa cuán factible sea aquello que uno impulsa, sino posar para la foto cuando se convierte en ley.

Ello ha sucedido con la liberación del, la suspensión de los peajes en el territorio nacional durante la cuarentena, se pretende con la “devolución” de los aportes a la y ha ocurrido con la medida de reforma constitucional, recientemente aprobada en primera votación, que busca modificar el artículo 16 de la Carta Magna para obligar al Estado a invertir no menos delI anualmente en el sector Educación.

Esta disposición, aunque apunte a un sector que todos los peruanos pueden reconocer que merece mucho cuidado, fue aprobada sin considerar las opiniones técnicas del Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y hace agua cuando se le somete a la más somera evaluación. En efecto, la titular del MEF, María Antonieta Alva, resumió algunos de los problemas de la iniciativa asegurando que “carece de sustento técnico, tiene visos de inconstitucionalidad y afecta el presupuesto público en una situación de pandemia”.

A lo dicho por la ministra se suman las opiniones de algunos expertos consultados por este Diario. investigador principal de Grade, por ejemplo, ha dicho que colocar una meta de inversión a un indicador fluctuante (el PBI) es un despropósito: “Tres cuartas partes del gasto educativo son el salario de los profesores. Es un sinsentido que los salarios de los profesores fluctúen. Es absolutamente incorrecto [el criterio elegido por el Congreso] y pone los incentivos de manera bastante perversa”.

Asimismo, el economista ha señalado que con nuestra presión tributaria (14% al 2019) es muy difícil poder destinar el 6% del PBI a la educación y que para lograrlo tendría que, primero, recaudarse más. “Invertir el 6% del PBI con nuestra presión tributaria es muchísimo más difícil en comparación con países con un 30% o 35% de presión fiscal como alguno de la OCDE”, ha dicho.

Sin embargo, también resulta importante tomar en cuenta que entre desembolsar más dinero y solucionar los problemas de la educación en el Perú hay una gran distancia. No solo se trata de dirigir mayores recursos a un sector, sino también de tener un Estado capaz de gastarlos y de hacerlo de manera eficiente. La imposición constitucional de un mínimo a ser empleado podría convertir una porción de la Carta Magna en letra muerta frente a las limitaciones del Gobierno o, peor aún, empujar a nuestras autoridades a usar la plata solo por cumplir con el monto perentorio.

Dadas estas circunstancias, resulta evidente que hubo poca meditación detrás de la aprobación de esta medida, pero mucho cálculo político. Es más, de acuerdo con una crónica de Martin Hidalgo publicada en El Comercio, la bancada que impulsó la iniciativa que nos ocupa condicionó su firma para poner en agenda la discusión sobre los impedimentos para postular a cargos de elección popular a que se hiciese lo propio con esta propuesta, considerada un proyecto de bandera del partido.

En suma, el Parlamento continúa en su pugna por aumentar su popularidad frente a la ciudadanía a costa de inyectarle, aunque sea, un poco de calidad a su trabajo. Poco parece importar el bien que sus contorsiones legislativas puedan, en efecto, hacer por el Perú, con tal de que estas sean atractivas. “El Congreso lo hizo” parece ser el eslogan que se persigue, pero el problema será que lo hizo mal.