Editorial El Comercio

La permanencia del ministro en el Gabinete que preside Aníbal Torres confirma esencialmente dos cosas. Por un lado, que el Gobierno ha perdido toda vergüenza ante las sombras de corrupción que se ciernen sobre sus más importantes funcionarios. Y, por el otro, que el carece de norte y consistencia en sus afanes de fiscalizar al Ejecutivo.

Alvarado, como se sabe, ocupa ahora la cartera de Transportes y Comunicaciones, pero durante un año fue el titular del sector Vivienda, donde encabezó una gestión que es motivo de sospecha para el Ministerio Público. La fiscalía lo investiga, junto con el actual jefe del Estado, bajo la hipótesis de que ambos integraban una presunta organización criminal que se benefició indebidamente con obras públicas en varios distritos del país. De acuerdo con la teoría fiscal, el líder principal de la organización sería el presidente , y Alvarado, uno de sus dos “lugartenientes” (el otro sería el alcalde del distrito de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, hoy detenido).

Debido a la investidura de los dos investigados, la pesquisa que los comprende está siendo llevada adelante por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Pero al estar vinculada a la que atañe a la cuñada del mandatario, , a los hermanos Espino Lucana y otros, el reciente requerimiento de prisión preventiva para ellos ha permitido en estos días darle un atisbo al acervo documentario que el Ministerio Público maneja a propósito del denominado Caso Anguía, y lo revelado es inquietante.

En concreto, se lee allí que, en tanto “lugarteniente” de la organización, Alvarado habría orientado, por orden del cabecilla –esto es, del presidente Castillo– “recursos públicos asignados a su cartera amparándose en normas extraordinarias para la ejecución de obras de saneamiento y otros” a las municipalidades cuyas autoridades se habrían coludido en la orientación de las licitaciones a empresas y consorcios utilizados como fachada. En síntesis, la fiscalía sostiene que, gracias a funcionarios como el actual titular de Transportes, la primera dama Lilia Paredes, tres de sus hermanos y el alcalde de Anguía “habrían logrado hacerse de más de S/6 millones en obras públicas”.

En el corazón del tramado que origina las sospechas, además, está el ya famoso Decreto de Urgencia 102, suscrito por el presidente y el entonces ministro de Vivienda, por el que se ‘priorizaron’ los trabajos en distintos centros poblados de Anguía y le permitió a ese distrito incrementar bruscamente su presupuesto .

Si incorporar originalmente a Geiner Alvarado (quien antes de ajustarse el fajín tenía ya varias investigaciones abiertas) fue un acto de desdén hacia la ciudadanía, mantenerlo en el Gabinete a pesar de todo lo que se conoce –y, peor aún, moverlo al sector de Transportes y Comunicaciones (centro nervioso de otros importantes casos de corrupción que se investigan a partir de las colaboraciones eficaces de Karelim López, Zamir Villaverde y otros)– constituye un gesto de auténtico desafío a la indignación con la que el país observa la forma en que la corrupción campea en los niveles más altos del Estado.

No es verosímil, sin embargo, que el presidente Castillo esté siquiera considerando la posibilidad de removerlo, pues admitir que Alvarado está en un problema por todo lo revelado sería admitir algo parecido respecto de sí mismo.

Así las cosas, los ojos de la opinión pública se vuelven hacia el Congreso, cuya mayoría opositora anunció una semana atrás que se disponía a interpelarlo. Como se sabe, no obstante, la iniciativa tras la última sesión del pleno, y ahora deberá esperar a que los legisladores regresen de la “semana de representación” para iniciar su lento trámite. Una circunstancia que, como decíamos al principio, desnuda la ausencia de criterio y firmeza de parte de sus integrantes para ejercer la labor de control político que los votantes les confiaron.

Al final, entre la complicidad de unos y la indolencia o inoperancia de otros, los perjudicados somos, como siempre, los ciudadanos, que debemos soportar una afrenta que se agrava día a día, y a la que peligrosamente algunos se están acostumbrando.

Editorial de El Comercio