Editorial: El elemento sustraído

La demanda de conformar un Gabinete con menos ‘técnicos’ y más ‘políticos’ planteada por muchos de los críticos del actual gobierno es, en más de un sentido, deleznable. Para empezar, no queda claro cuál es la objeción a que un ministro esté académicamente capacitado para ejercer la conducción de su sector (es decir, que el ministro de Economía sea economista y el de Justicia, abogado). Y, por otro lado, vale la pena hacer notar que a un técnico la experiencia lo puede convertir en político, pero la figura inversa es imposible. 

La verdad es que, sobre todo cuando ha provenido del propio partido oficialista o de su bancada, el reclamo ha dejado el sabor de ser una forma de pedir cupos en el Ejecutivo y nada más. 

Existe, sin embargo, una dimensión en la que la observación nos parece justificada. A saber, aquella que tiene que ver con la consciencia que debería existir en un gobernante con respecto al impacto que van a tener las medidas que adopta en la ciudadanía y, por lo tanto, en su capacidad de manejar las riendas del país con el respaldo de una importante porción de la misma. 

Eso, por supuesto, bajo ninguna circunstancia debe confundirse con la vocación populista de hacer ‘lo que le gusta a la gente’, con prescindencia de las consecuencias negativas que ello pueda acarrear en el largo o mediano plazo. Un gobernante serio tiene que hacer las cosas que considere importantes aun cuando sean impopulares… Pero eso no impide calibrar la oportunidad y la manera de anunciarlo. Y es en ese terreno en donde recientemente el déficit de criterio político en la actual administración se ha vuelto a hacer evidente. 

El gobierno, en efecto, ha promovido en estos días dos iniciativas pertinentes, pero lo ha hecho en un momento tan inconveniente y presentándolas de manera tan torpe, que ha producido en torno a ellas problemas de percepción que bien podría haberse ahorrado. 

La primera fue el anuncio de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, de que su sector está trabajando un reglamento para la formulación de denuncias por parte de los procuradores… inmediatamente después de que dos de ellos involucraron en las suyas al presidente Kuczynski y al ministro Martín Vizcarra. 

Como hemos dicho en esta misma página, es manifiesto que esos procuradores han procedido con insuficiente sustento para sus acusaciones y que han sido estridentes en su presentación ante los medios, por lo que el establecimiento de un protocolo al respecto es perfectamente razonable. Pero anunciarlo justo después de que se han metido con el gobierno crea la sensación de que es una reacción para interceptar un esfuerzo para combatir un caso de corrupción que podría perjudicarlos. Y el afán de la ministra y del propio presidente por decir que el proyecto en marcha “no es una mordaza” genera en la gente la impresión exactamente contraria. 

La segunda son los cambios al Currículo Nacional de Educación Básica hechos por el gobierno días después de la marcha Con mis Hijos no te Metas. No vamos a entrar a discutir aquí la idoneidad de tal o cual modificación, pero si una o varias de ellas hacían falta, ¿no habría sido lo sensato hacerlas antes y no después de la movilización para disminuir la fuente de encono y evitar la sensación de que se está retrocediendo ante la exhibición de fuerza del sector representado por los manifestantes? 

Y como en el caso anterior, la afirmación de la ministra de Educación, Marilú Martens, de que “no se trata de una concesión” produce aquí la convicción general de que es precisamente de eso de lo que estamos hablando, por lo que no es de extrañar que ahora los objetantes declaren las correcciones insuficientes y quieran ir por más. 

Un manejo político de estas dos circunstancias habría reportado, en nuestra opinión, los mismos beneficios y ninguno de los costos de las medidas que comentamos. Pero mientras las consideraciones de ese tipo sigan siendo el elemento sustraído de la acción de este gobierno, su margen de juego frente a la ciudadanía se irá estrechando; y su aprobación, también.