Editorial: Empavonados

Expresiones como “guardar lo mejor para el último” se suelen utilizar para enaltecer aquello que se ha postergado para el final de una sucesión de elementos. Y considerando el elevado número de decretos legislativos (112) aprobados por el Ejecutivo, era mucho lo que se podía esperar de la norma con la que el Consejo de Ministros culminaría su función delegada de legislador. El último decreto legislativo emitido –el D. Leg. 1353–, que “crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el régimen de protección de datos personales y la regulación de la gestión de intereses”, sin embargo, defrauda largamente las expectativas.

La grandilocuencia del título de la norma aprobada, para empezar, resulta disonante. Pues difícilmente se puede hablar de una “Autoridad Nacional de Transparencia” cuando lo que se ha creado es apenas una dirección dentro de todo el engranaje burocrático del Ministerio de Justicia. De lo contrario, podríamos suponer que existen tantas autoridades nacionales como direcciones al interior de cada ministerio, pero tal hipótesis resulta difícil de sustentar.

Más allá del nombre, el D. Leg. 1353 trasluce una subestimación por parte del gobierno de la autonomía que una autoridad de transparencia debería poseer, e incumple el propio plan de gobierno de Peruanos por el Kambio, el cual señalaba textualmente que esta entidad sería “autónoma”, conforme a los proyectos de ley que ya se habían presentado anteriormente en el Congreso y que contemplaban la creación de un organismo público independiente.

Después de todo, ¿cuán razonable es creer que una sola dirección al interior de un ministerio pueda ser la garante de las obligaciones de transparencia de todas las entidades de la administración pública a nivel nacional? ¿Acaso no fueron ministerios como el de Defensa y el de Justicia los que, durante el gobierno pasado, protagonizaron escándalos por prácticas poco transparentes, como el de los gastos de inteligencia en el Vraem y el despido a la entonces procuradora Julia Príncipe por haber declarado ante los medios de comunicación acerca de un caso de lavado de activos que involucraba a la entonces primera dama? En este escenario, la independencia de la nueva dirección de transparencia, ciertamente, no está garantizada, y ello ha sido advertido y criticado por los mismos especialistas que el Ministerio de Justicia convocó para elaborar un proyecto normativo en la materia, el cual dista mucho del que fue finalmente aprobado.

Entre otros aspectos cuestionables de la nueva ley, cabe mencionar el que se haya encargado al Consejo de Ministros, y no a la dirección de transparencia, la aprobación de los lineamientos para la clasificación y desclasificación de la información que muchas veces es catalogada como confidencial o secreta sin un verdadero sustento; que se haya extendido de siete a 12 días hábiles el plazo para que una entidad pública entregue la información pública que le haya sido requerida; y que la tipificación de las infracciones por incumplir las obligaciones de transparencia haya sido diferida y encomendada a un eventual reglamento del Ministerio de Justicia.

Por otra parte,  el decreto legislativo aprobado desaprovecha la oportunidad para realizar muchas de las imperiosas modificaciones que requería la Ley de Protección de Datos Personales. Así, llama la atención que el mismo Ejecutivo que ha dedicado valiosos esfuerzos para reducir los requisitos y trámites innecesarios haya decidido mantener procedimientos de sibilina utilidad como el registro de banco de datos personales, la obligación de notificar al Ministerio de Justicia cada vez que una empresa envía datos al extranjero (lo cual, en la era de Internet y la tercerización global de los procesos puede suceder, literalmente, cada segundo), o la cantidad de papeleo e información que se tiene que trasladar a una persona cada vez que se le solicita algo tan simple como su nombre y número telefónico.

Así las cosas, parece ser que el compromiso del Ejecutivo con la transparencia no era tan firme como se proclamaba, y antes que un vidrio diáfano, lo que continuará rodeando al Estado será uno empavonado.