Esa insoportable veleidad

El adjetivo ‘veleidoso’ –que la RAE define como ‘inconstante’ o ‘mudable’– pertenece a ese glosario de términos a los que uno recurre cada cierto tiempo para calificar las acciones de algún político peruano. Ejemplos históricos hay de sobra para llenar esta página, pero basta con ver lo ocurrido este lunes con las bancadas de Podemos Perú y Unión por el Perú (UPP), a propósito del proyecto de ley para que sentenciados en primera instancia por delitos dolosos no puedan postular a cargos públicos, para dejar en claro a qué nos referimos.

Vayamos por partes.

Como se sabe, los congresistas vienen discutiendo algunos puntos de la reforma electoral que sus antecesores disueltos dejaron pendientes. Por ley, sin embargo, todos los cambios a las normas electorales deben quedar listos antes de setiembre para que se apliquen en los comicios generales del 2021. Si, además, las modificaciones implican reformas a la Constitución, estas deben ser aprobadas por al menos 87 votos (dos tercios del Parlamento) en dos legislaturas.

Con tan poco tiempo, varias bancadas demandaron entonces que se aprobara en primera votación la reforma constitucional para impedir que sentenciados en primera instancia por la comisión de delitos dolosos puedan postular a cargos de elección popular. El tema, no obstante, no se resolvió sino hasta las últimas horas de la legislatura 2019-2020 –que acabó el 5 de julio–, y solo después de un trayecto accidentado: primero, cuatro bancadas (UPP, Podemos Perú, Alianza para el Progreso y Fuerza Popular) se opusieron a que el proyecto se revisara en el pleno; luego, el presidente Vizcarra salió en un mensaje televisivo a espolear al Parlamento; y finalmente, en las últimas horas de la legislatura, 111 legisladores respaldaron la iniciativa con algunas modificaciones. Solo los 14 parlamentarios de Fuerza Popular votaron en contra.

Ocho días después, y ya instalada la legislatura 2020-2021, el Parlamento debía refrendar en segunda votación el mismo proyecto. Sin embargo, llegado el momento, los apoyos no alcanzaron los 87 requeridos para poner operativa la reforma y el titular del Congreso, Manuel Merino, decidió suspender el debate. ¿A dónde se esfumaron los 111 votos que habían endosado la norma en primera votación? Pues ocurrió que, aparte de los congresistas que se hallaban con licencia, ahora UPP y Podemos Perú se habían sumado a Fuerza Popular en su rechazo a la reforma… la misma a la que unos pocos días antes habían respaldado en bloque.

¿Cómo se justifica tal giro copernicano? Según el congresista Daniel Urresti (Podemos Perú), la ley ya no le parecía benigna porque buscaría que solo “postulen Acción Popular [AP] y APP; y si es solo AP, mejor”. A su turno, su compañero de bancada Carlos Almerí ejemplificó: “Una esposa puede denunciar por alimentos a una persona y en dos meses estará sentenciado, por lo que no podrá ser candidato”, mientras que la también podemista Cecilia García pidió que se priorizaran otros proyectos, como el congelamiento de deudas en los bancos.

Por otro lado, el vocero de UPP José Vega expresó: “Creen que van a ganar las elecciones con esta reforma. Ya hay leyes que frenan a los sentenciados y no ha parado la corrupción. Nosotros queremos una reforma total de la Constitución”.

Como es evidente, tales ‘explicaciones’ no parecen suficientes para persuadir a nadie más que a ellos mismos. Por lo tanto, los motivos por los que las bancadas veleidosas se oponen ahora a algo que hace poco respaldaron parecen ser otros. Quizá basta con recordar que ambas tienen a sus líderes políticos procesados (como ocurre con José Luna Gálvez y el mismo Urresti, de Podemos Perú) o, ya de plano, condenados (como Antauro Humala, de UPP). Esta circunstancia, a su vez, revelaría que el apoyo que inicialmente dieron a la reforma fue por mera conveniencia política.

En todo caso, harían bien ambas bancadas en sincerarse, pues esa insoportable veleidad siempre termina desnudando al oportunista político.