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Editorial: Con escudo social

Las protestas contra el proyecto Tía María no tienen una motivación ambiental sino política.

Redacción

Editorial: Con escudo social

Editorial: Con escudo social

En democracia, los debates que confrontan diferentes puntos de vista son saludables y ayudan a mejorar las políticas públicas. La imposición de ideas a través de la fuerza, por otro lado, es un acto abusivo, arbitrario, y que atenta contra las bases del Estado de derecho que toda democracia funcional debería resguardar para mantener su esencia y asegurar su sostenibilidad.

Es en este sentido que lo sucedido con el proyecto Tía María cobra especial relevancia. Dejando de lado los mecanismos institucionales que el sistema provee –a través de congresistas, alcaldes, gobernadores regionales y otros–, movilizaciones de grupos organizados han tomado por la fuerza la provincia de Islay en Arequipa ante el anuncio de que el proyecto no ha sido (aún) cancelado. ¿Qué legitimidad se arrogan los representantes de estos grupos para imponer su posición sobre lo que el resto de la población –representada por el Estado y sus instituciones– ha determinado? Como en otros conflictos de naturaleza similar, la supuesta protección al medio ambiente es la primera bandera que levantan los que saltan el Estado de derecho con garrocha. Si bien el primer estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto Tía María adolecía de numerosas observaciones efectuadas por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), en el segundo EIA aprobado por el Ministerio de Energía y Minas en agosto del 2014 las observaciones se habían subsanado. 

En este punto es crucial notar que la principal preocupación inicial –y respecto de la cual aún subsiste un enorme nivel de deliberada desinformación– es el manejo de aguas del proyecto. Lo cierto es que el segundo EIA contempla el uso de agua de mar desalinizada, de modo que el agua utilizada en las dos zonas de extracción (La Tapada y Tía María) no provendrá del río Tambo. 

Cuando la defensa del agua resultó un argumento falaz, los opositores al proyecto cambiaron de estrategia. Ya no era el agua el problema, sino el polvo y el desmonte que perjudicarían la agricultura de la zona. Al respecto, el titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Manuel Pulgar-Vidal, informó que “el tema del polvo [...] también está considerado en el estudio de impacto ambiental. Y no solo el polvo, también el ruido y el desmonte. [...] Aquí todo el desmonte se va a usar para la construcción de vías y plataformas. No estoy aquí para convencer sino para señalar que cada uno de estos elementos ha sido considerado en un estudio técnico muy profundo”.

Lo cierto es que los reclamos en contra del proyecto no están basados en una justificada preocupación por el medio ambiente, ni por el agua de cuenca, ni por la sostenibilidad de la agricultura en la región, sino en una agenda política cargada de ambiciones personales de muchos de los dirigentes y promotores de un paro que deja pérdidas diarias de S/.500.000 en Islay, 30.000 litros de leche echados a perder por día, clases escolares canceladas y decenas de heridos por los enfrentamientos.

En el fondo, pareciera que la legitimidad que se arrogan los promotores del paro es aquella que emana de colocarle el calificativo de “social” a la protesta. Bajo este manto protector, la ‘protesta social’ está eximida de rendir cuentas o justificar sus actos prepotentes que, yendo contra toda evidencia, aparecen injustificados cuando no interesados. Cabe especular qué hubiese sucedido si, en lugar de que sean algunas ‘agrupaciones sociales’ las que desconocen los mecanismos institucionales y la ley para cerrar una región, hubiese sido la mina la que hubiese querido imponer su posición de manera violenta ante un EIA defectuoso. 

Más allá de las enormes implicancias económicas directas de la potencial cancelación de Tía María, y de las indirectas a través del pésimo mensaje que esto envía a los inversores nacionales y extranjeros, lo que sucede hoy en Islay es el secuestro de una provincia a manos de un grupo de prepotentes, y también el secuestro del término ‘social’ para justificar actos que –paradójicamente– van en contra de los intereses del pueblo al que dicen representar.

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