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Editorial: Era de esperarse

La aprobación del reglamento de la ley para “evitar la discriminación salarial entre
hombres y mujeres” solo perjudica la reducción de la informalidad.

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“Si bien es claro que existen causas estructurales que explican las diferencias salariales entre hombres y mujeres y que deben ser corregidas, el incremento absurdo de trámites y regulaciones laborales no es la solución”. (Foto: El Comercio)

Son pocas las causas que congregan tanto consenso como la lucha contra la informalidad. Desde cualquier tienda política y poder del Estado, el interés por la formalización de la economía se escucha como mantra elemental.

¿Debería sorprender entonces, siendo en teoría una causa tan extendida, la falta de avances en los resultados de la formalización de la economía hasta la fecha? Si el recientemente aprobado reglamento de la ley que regula la determinación de sueldos del sector privado en el país es indicación de la seriedad con la que las autoridades se toman el encargo de formalización, los retrocesos son perfectamente esperables.

Como se sabe, a fines de noviembre pasado, el Gobierno promulgó la Ley N°30709, norma que tenía por objeto “prohibir la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, mediante la determinación de categorías, funciones y remuneraciones que permitan la ejecución del principio de igual remuneración por igual trabajo”. Para ello, el reglamento de la ley, publicado hace poco menos de dos semanas, dispone que cada empleador, independientemente de si se trata una empresa de tres trabajadores o de varios miles, debe “evaluar y agrupar los puestos de trabajo en cuadros de categorías y funciones aplicando criterios objetivos, en base a las tareas que entrañan, a las aptitudes necesarias para realizarlas y al perfil del puesto”.

En otras palabras, se pide a las empresas desarrollar –en blanco y negro– una política salarial compleja y justificarla objetivamente. Más allá del engorroso y difícil proceso que ello significará para los cientos de miles de mypes del país, ¿cómo espera el Ministerio de Trabajo que se justifiquen diferencias salariales si un empleado es más proactivo, trabaja mejor en equipo, o es más diligente en su labor que su compañero? ¿Con qué vara debería el empleador medir criterios como estos y tantos otros que impactan en la productividad del trabajador?

En el mejor de los casos, esta nueva norma –que contribuye a la ya frondosa, compleja y contradictoria legislación laboral que acumula más de 1.300 páginas de disposiciones aplicables– pasará a ser letra muerta por falta de capacidad de las empresas para implementarla y del Estado para fiscalizar su cumplimiento. En el peor de los casos, se convertirá en una herramienta adicional de intervención y sanción de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), y otro desincentivo para la formalización de la economía.

Si bien es claro que existen causas estructurales que explican las diferencias salariales entre hombres y mujeres y que deben ser corregidas, el incremento absurdo de trámites y regulaciones laborales no es la solución. Por el contrario, disposiciones como esta hacen más probable que la gran mayoría de la población se mantenga en la informalidad, donde ningún tipo de regulación –ni las razonables ni las absurdas– existe.

La responsabilidad por este nuevo despropósito legislativo es, en realidad, compartida. La norma fue impulsada por el Ejecutivo y la primera ministra Mercedes Araoz, y aprobada con 93 votos a favor en el pleno del Congreso, con los autobombos respectivos. Demás está decir que la ley logrará poco en materia de paridad salarial entre hombres y mujeres –la normativa peruana e internacional que prohíbe la discriminación ya es amplia, y disposiciones de este tipo no han probado ser efectivas en otros países–.

Hay, por supuesto, una agenda pendiente para mejorar las condiciones de las mujeres en el mercado de trabajo. Pero entender, por otro lado, que la solución pasa por hacer aun más complejo el acceso a la formalidad a través de trámites más engorrosos no solo se trata de una salida facilista y para la tribuna, sino que perjudica a varios para beneficiar a ninguno.

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