Editorial: El espionaje que surgió del frío
Editorial: El espionaje que surgió del frío
Redacción EC

La posibilidad de que haya pagado a tres suboficiales de la Marina para obtener, a lo largo de más de un lustro, información sobre la situación militar del Perú constituye un asunto de la máxima gravedad. El , después de todo, es una intromisión tan hostil como furtiva en los asuntos internos de un país y expresa, de parte de quien lo practica, la presunción de que en cualquier momento podría resultarle útil conocer la capacidad defensiva y ofensiva de su vecino. Y eso solo ocurre cuando se produce un conflicto armado. 

Si hablamos concretamente de un espionaje promovido por Chile en territorio peruano, además, estamos hablando de una situación que pone en vilo una relación históricamente difícil y cargada de suspicacias.

Por lo mismo –y habida cuenta de los avances logrados para dejar atrás los motivos de esa suspicacia tras el fallo de la Corte de La Haya–, el espionaje en cuestión debe ser abordado con una combinación de firmeza y tacto diplomático. Bajo ninguna circunstancia, la necesidad de llevar a buen término lo que el mencionado fallo dispone debe hacer que la protesta del Perú sea menos enérgica. Pero bajo ninguna circunstancia, tampoco, la materia debe ser agitada en público con una altisonancia fuera de lugar que dé la impresión de que se la está utilizando para conjurar problemas políticos domésticos. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que ha sucedido esta semana.

Como se sabe, el pasado martes, en una reunión con la prensa extranjera, el presidente Ollanta Humala señaló varias cosas sobre este problema. Dijo, primero, que el Perú tiene las pruebas de que el espionaje ocurrió y que se tiene identificadas a las personas que participaron en él. Afirmó también que, en esa medida, nuestro país espera las satisfacciones del caso de parte del Gobierno Chileno, cuya respuesta fue remitida anoche. Y por último, dándole de pronto a todo el discurso un giro bravucón, sentenció: “Esto no se queda así nomás”.

No se entiende, en efecto, cuál es la necesidad de que el presidente de la República se aparte tan dramáticamente del lenguaje protocolar que debe primar en nuestras relaciones internacionales, incluso cuando de manifestar una censura o una queja se trata. Máxime si, como él mismo ha aseverado, las pruebas del hecho censurable obran en poder de nuestras autoridades.

La áspera retórica del mandatario llama aún más la atención por el contraste que marca frente a los esfuerzos del canciller , quien un día antes se había reunido con su homólogo chileno en Uruguay, por conseguir una superación del incidente de una manera satisfactoria para nuestro país, pero sin estridencias.

Esta extrañeza viene a sumarse, por otro lado, a la que ya existía por el hecho de que, a pesar de conocer el asunto desde muchos meses antes, el gobierno solo hubiese enviado la nota de protesta a Chile y convocado a un ‘consejo de Estado’ cuando la información del caso se filtró a la prensa y se hizo de dominio público. Si el episodio era de la gravedad que se invocó al hacer ambas cosas, evidentemente tendrían que haberse adoptado –con la discreción que correspondía– las referidas medidas en el instante mismo en que se supo del incidente.

De otro modo, como decíamos líneas antes, quedaba la sensación de que era un tema espinoso que se había guardado en refrigeradora para sacarlo a relucir en alguna hora difícil de la administración, y obligar a todos los sectores de oposición a cerrar patrióticamente filas con ella, dejando en un segundo plano las denuncias y críticas que podían tener sobre un gobierno políticamente agobiado a nivel doméstico.

Y si ese recelo asomó hace poco, cuando el tópico de la amenaza externa sirvió para llevar a Palacio al Apra y al fujimorismo que solo diez días antes se habían resistido a participar de la primera jornada del diálogo con el gobierno en ese mismo lugar, cuánto más puede asomar ahora, que las denuncias sobre un financiamiento ilegal durante la campaña del 2011 acorralan al oficialismo.

Lo peor de todo, además, es que el eventual manoseo político de este delicado asunto les puede facilitar a quienes perpetraron el espionaje contra el Perú deslegitimar un reclamo que, más allá de cualquier bravata destemplada, era necesario.