Editorial: La del estribo

La actual representación nacional está por concluir sus funciones en unas semanas y la imagen con la que se retira no es la mejor. Como se sabe, por razones que tienen que ver con su discutible productividad y la cantidad de escándalos de diversa naturaleza en los que se han visto envueltos a lo largo de los últimos cinco años no pocos de sus integrantes, su aprobación en las encuestas ha sido sistemáticamente baja.

No se trata, por cierto, de la primera conformación del Legislativo que pasará a la historia con más penas que glorias, pero eso no debería servirle de consuelo. Y es en tal medida que debería aprovechar la oportunidad que, por circunstancias de la coyuntura política, se le ha presentado de revertir en algo esa imagen negativa antes de terminar su gestión.

Ocurre que se ha convocado a una sesión especial del pleno del Congreso para el 18 de este mes en la que se podría elegir al próximo defensor del Pueblo. 

La elección del títular de este cargo requiere de mayoría calificada (87 votos), lo que supone acuerdos multipartidarios no siempre fáciles de conseguir. De hecho, ha sido esa la razón de que estemos con un defensor del Pueblo encargado desde hace más de cinco años. Los sucesivos intentos de elegir a alguien que ostente oficialmente el puesto se han topado, en efecto, con la escasa disposición de las distintas bancadas de llegar a acuerdos que atiendan a intereses distintos a los de su propia agenda política.

Desde el punto de vista de quien ejerce el Ejecutivo, en particular, se diría que resulta siempre tentador tener en esa posición a un funcionario no muy seguro de su situación para que no pierda de vista tal precariedad cuando le toque enfrentar al poder del Estado a fin de hacer valer los derechos de los ciudadanos, tal como corresponde al cargo.

El hecho de que en el próximo Congreso el fujimorismo vaya a tener una mayoría de 73 legisladores –lo que lo pondría a solo 14 votos de escoger por sí solo al defensor del Pueblo– ha provocado, sin embargo, una insólita y repentina voluntad de consenso en otras bancadas, incluyendo a la oficialista. El motivo detrás de este cambio de actitud parecería ser la voluntad de elegir a un defensor que sea producto de un acuerdo más extenso y, por lo tanto, menos proclive a ceder a las eventuales presiones del Ejecutivo, en el caso de que Fuerza Popular triunfase en la segunda vuelta.

Cierto es que, aun con la actual representación nacional, sería muy difícil que esta elección se produjese sin el concurso del fujimorismo, pues este ocupa 34 de las 130 curules que la conforman. Pero felizmente Keiko Fujimori, consciente quizás del beneficio que traería a la imagen democratizadora que busca contagiarle a su postulación, declaró a fines del mes pasado que ve de forma positiva que sea este Parlamento el que acometa la referida elección.

No han faltado, por supuesto, quienes se han mostrado contrarios a esa posibilidad, argumentando que este Congreso está de salida y debería dejar una decisión tan importante para el que ingrese con un poder revitalizado en las urnas. Pero la verdad es que quienes votaron en las elecciones anteriores por esta representación nacional sabían perfectamente hasta cuándo se extendía su mandato. Y, además, si la proximidad de la finalización del mismo fuese razón válida para cuestionarlo, la presente legislatura no tendría siquiera que haberse convocado.

Así las cosas, es de desear que la próxima sesión plenaria sea fructífera y así, en un empeño que haga a la ciudadanía reconciliarse con la decisión que adoptó al votar cinco años atrás por esta conformación parlamentaria, el Congreso asuma una última tarea valiosa. La del estribo.