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Editorial: Ética y legalidad

La distinción entre actos inapropiados e ilegales no puede ser una coartada para quienes cumplen un rol en la consecución de la justicia.

Editorial

César San Martín

César San Martín

Archivo El Comercio

Hace dos días, el portal Manifiesto difundió un registro más de los ya célebres audios que en las últimas semanas han expuesto el carnaval de irregularidades y malos manejos que ha existido y existe dentro de nuestro sistema de justicia. En él, el ex presidente del Poder Judicial y actual juez supremo César San Martín conversa con el hoy detenido juez Walter Ríos sobre un proceso en el que el primero formaba parte y que se tramitaba en la jurisdicción que presidía el segundo (el señor Ríos, como se sabe, era presidente de la Corte Superior del Callao).

De acuerdo con San Martín, el proceso sobre el que gravita la conversación ya estaba resuelto y solo faltaba expedir un trámite. Sin embargo, preocupa que la sensación que se deriva de la conversación en su conjunto es la de que un juez del más alto rango llame a otro para pedirle una gestión particular. Y llama la atención también algunas de las palabras elegidas para tal fin. Ahí están, por ejemplo, las cordialidades (los tratos de “hermano”) que San Martín dispensa a Ríos, o el pedido del primero para que el segundo dé celeridad a su causa (“dile a la jueza”, “por favor pues, hermano, presiona eso para que […] salga bien”, le demanda). Si es que esta conducta configura o no un delito, es algo que tendrán que definir las autoridades correspondientes. De cualquier manera, sin embargo, no hay duda de que no se trató de una conducta regular, especialmente de parte de quien ostenta tan alto cargo.

Ayer por la tarde, el juez San Martín expidió una declaración en la que ofreció disculpas y reconoció públicamente que, a pesar de que no tuvo “voluntad de torcer la justicia”, pues se trataba de “subsanar un retraso” respecto a un caso “ya resuelto”, lamentaba “el uso de palabras inadecuadas durante la conversación”.

Si bien desde aquí saludamos que haya reconocido su error, lo cierto es que las disculpas no borran el contenido del audio. Ni tampoco la circunstancia de que, ante el destape, el juez haya optado en un primer momento por una estrategia de defensa que, a decir verdad, lucía tan preocupante como el audio en cuestión. Consultado sobre por qué pidió al juez Ríos que ‘presionara’ a la jueza que veía el proceso, San Martín explicó: “El término ‘presión’ es un término coloquial […] del contexto”. Dijo, además, que solo buscó que se cumpliera con su causa y terminó afirmando, ante los cuestionamientos de la prensa, que no existía ningún ilícito en su pedido (“¿dónde está la ilegalidad?, ¿dónde está la irregularidad?”, alegó).

Lo cierto es que, más allá del caso concreto del juez San Martín, el problema que nos confronta aquí es mucho más vasto y lo sobrepasa; a saber, el de la enraizada cultura de favores y pedidos personales que parece irrigar a todo nuestro cuerpo de justicia y que ha quedado destapada con los audios. Esto es particularmente preocupante, pues un juez, como se sabe, no es un individuo con una función cualquiera dentro de la estructura del Estado. De su arbitrio puede pender la libertad o el encierro de una persona. Y por lo mismo, no basta que se comporte de forma legal; lo que se le demanda desde la ciudadanía es que exhiba, en cada una de sus acciones, una noción impecable y sin grietas de moralidad. En otras palabras, un sentido de justicia intachable, que nos dé seguridad a todos los ciudadanos.

Esto, que es esperable en cualquier juez, resulta más urgente cuando hablamos de quienes se hallan en la cúspide del sistema de justicia, como el vocal San Martín, o el de otros altos cargos que también han hecho alusión a la diferencia entre moralidad y legalidad para tratar de desarticular cualquier crítica en contra. El caso más evidente es quizá el del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien, enfrentado a los cuestionamientos por una reunión con periodistas, aseguró que no había cometido ningún delito.

La moralidad, aunque cause incordio o malestar, aunque pueda costar llevarla puesta en todo momento, es incompatible con los festines de favores, pedidos personales y con la cultura del ‘hermanito’ que ha tenido lugar en nuestro sistema de justicia. Pues mucho más importante que disculparse por pedir un favor irregular, es nunca haber pensado siquiera en solicitarlo.

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