Editorial:Facultades ordinarias

La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, se presentó la semana pasada ante el pleno del Congreso y obtuvo con largueza el voto de confianza para el Gabinete que encabeza. Durante su discurso, además, confirmó un anuncio importante: en breve, solicitará al Parlamento facultades para legislar en materia económica y de defensa y prevención de riesgos de desastres. Como se sabe, tales facultades se conocen también con el nombre de ‘facultades extraordinarias’, pero la verdad es que se las debería llamar, más bien, ‘ordinarias’, pues se han convertido prácticamente en un hábito –iniciado mucho antes de este gobierno– para los consejos de ministros que se estrenan.

Atribuirles a esas facultades una naturaleza extraordinaria resulta, por otro lado, doblemente engañoso, porque alguien podría confundirse y esperar de ellas algún efecto milagroso, lo que difícilmente cabría afirmar respecto de las que hemos visto ejercer hasta ahora por las distintas administraciones que se han sucedido en el poder. Véase, si no, lo trabado que ha quedado el proceso de ‘destrabe’ iniciado con tan buen ánimo bajo el liderazgo de Fernando Zavala.

Las facultades que ahora anuncia la señora Aráoz podrían ciertamente constituir una excepción, pero no parece que ese vaya a ser el caso. A juzgar por lo que ella ha anticipado al respecto, por lo menos, las medidas a plantear serán bastante genéricas y de poco impacto. Nada como para desencadenar la ‘revolución social’ que “permita cerrar finalmente las brechas que nos impiden avanzar” de la que esta administración y la ministra en particular hablan permanentemente.

En el primer aspecto, según ha dicho ella, la nueva legislación buscará “asegurar la consolidación de la recuperación económica y la adopción de prácticas internacionales para la adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, así como “reordenar el sistema tributario porque hay demasiadas perforaciones y eso es peligroso para la recaudación”.

Y en lo que concierne al segundo, la intención es impulsar “medidas para el fortalecimiento y reforma institucional del sector Defensa para su modernización, institucionalización y profesionalización”, y para la “optimización del Sistema de Defensa Nacional y el fortalecimiento del sistema de gestión de riesgos de desastres”.

Se trata, por supuesto, de propósitos que, de concretarse en algo más que en fórmulas retóricas, se traducirían en beneficios para la población que, no por limitados, serían deleznables. Para retomar la senda del crecimiento económico a niveles importantes, sin embargo, el país requeriría de reformas profundas en terrenos como el laboral o el de la administración de justicia, por poner solo dos ejemplos. Y nada hace pensar que el Gabinete Aráoz esté planeando cosa extraordinaria alguna sobre el particular.

Genera desazón imaginar que la agenda política de los próximos meses pueda acabar copada por el pulseo entre el Gobierno y determinadas bancadas de oposición en torno a decretos legislativos sobre los asuntos ya referidos. Si nos ahogamos de nuevo en un debate acerca de la procedencia constitucional de lo que pueda plantear el Ejecutivo y el presunto ‘obstruccionismo’ ciego de un sector del Legislativo, perderemos la oportunidad que ofrece esta frágil tregua entre los dos poderes. Y quizás antes de un año, estemos nuevamente ante un renovado Gabinete que, para no romper la tradición, se estrene solicitando facultades extraordinarias.

Nadie insinúa, insistimos, que la acción gubernamental y el control constitucional y político que el Parlamento pueda ejercer sobre ella carezcan de importancia o sean prescindibles. Solo que la pompa con que se los anuncia hace temer que eso es todo lo que hay, y eso sería muy poco.

El Gobierno necesita metas más ambiciosas y la oposición en el Congreso, horizontes más amplios para demandar tales metas y proponer planes alternativos para llegar a ellas, antes que agotarse en la discusión de la agenda ordinaria. Todavía estamos a tiempo.