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Editorial: Falsas promesas

La ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres hace poco por conseguir su objetivo.

Editorial

Congreso

La semana pasada fue publicada la norma que prohíbe la discriminación remunerativa ente hombres y mujeres. (Foto: Congreso)

La semana pasada, se publicó en el diario oficial “El Peruano” la Ley 30709, “Ley que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres”, un título que podría inducir a error a cualquier lector al llevarlo a creer que recién desde ayer se encuentra proscrito este tipo de discriminación en nuestro país.

Lo cierto, sin embargo, es que desde hace muchos años existen normas a nivel nacional (como la Ley 26772 y la Ley 28983, ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres) y obligaciones internacionales (como los convenios 100 y 183 de la OIT) que condenan la discriminación en un centro laboral. La propia Constitución Política de 1993 establece que nadie debe ser discriminado por motivo de sexo (artículo 2) y recoge el principio de igualdad de oportunidades sin discriminación en la relación laboral (artículo 26).

¿Qué de nuevo trae entonces la norma recientemente publicada? Muy poco. La interdicción de la diferenciación remunerativa entre hombres y mujeres ya existía, como también el derecho al “trato digno” y a un “clima laboral con base en el respeto y la no discriminación” que contempla la nueva ley. Argüir que a partir de esta norma recién se prohíben los despidos y no renovaciones de contrato por motivos vinculados a la condición de embarazo o el período de lactancia de las trabajadoras equivaldría tanto a desconocer la práctica legal y jurisprudencial laboral como a un ejercicio de falso autoensalzamiento por parte de los legisladores que se atribuyeran la supuesta innovación.

El fatuo autobombo de nuestros parlamentarios, no obstante, es una costumbre difícil de corregir. “Igualdad salarial entre hombres y mujeres es ley en Perú, gracias a quienes me apoyaron en esta lucha por proteger los derechos de miles de mujeres”, tuiteó por ejemplo Richard Acuña hace algunos días. Semanas atrás, cuando se aprobó el proyecto de ley, Mercedes Aráoz hacía lo propio: “Agradezco el apoyo unánime q[ue] ha recibido mi proyecto de ley sobre igualdad salarial entre hombres y mujeres aprobado hoy en el pleno del Congreso”. Y en tono similar, escribía la congresista Indira Huilca en la misma red social: “Con 93 votos a favor se aprueba ley de igualdad salarial entre mujeres y hombres. Ninguna mujer recibirá un sueldo menor al de los hombres haciendo la misma labor”.

Pero, considerando lo poco novedoso de esta norma, es difícil creer que ella pueda ayudar a cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres, que supera el 30% (en el sector formal privado, según el INEI).

De hecho, la única previsión original en la nueva ley es aquella que dispone que las empresas deban contar con cuadros de categorías, funciones y remuneraciones, en los que se respete el principio de igual remuneración por igual trabajo. Una obligación que, se supone, tendría por finalidad hacer más objetivos los criterios por los cuales se paga más a algunos hombres que a algunas mujeres (o viceversa), pero que en la realidad peruana, en la que las microempresas representan más del 96% del total de empresas (formales e informales) del país, y en la que el 72% de los trabajadores son informales, seguramente irá a sumarse, en el mejor de los casos, a uno de los abundantes formatos, reglamentos, códigos, políticas y demás documentos que se exhiben solo cuando hay una inspección laboral. Por lo demás, habrá que esperar en base a qué ciencia un inspector laboral o una autoridad administrativa determina cuándo un cuadro de categorías y funciones es discriminatorio y cuándo sí es “objetivo”.

Como hemos señalado anteriormente en este Diario, hay una larga agenda pendiente para reducir la brecha entre hombres y mujeres, y eso pasa por propiciar la equidad de género desde las instancias formativas para lograr un verdadero cambio de las condiciones cuando las personas entran al mercado laboral, y también, por supuesto, por facilitar e incentivar mejores condiciones para muchas mujeres que ven restringidas sus oportunidades por rigideces horarias y de presencia física (en oposición al teletrabajo, por ejemplo) que podrían dejarse de lado. Y, claro está, por combatir la errónea, pero aún vigente, idea de que las mujeres no son igual de capaces que los hombres.

En todo caso, lo que necesitamos son congresistas que se preocupen más por entender cuáles son los factores que alimentan la discriminación laboral que por aprobar leyes con títulos grandilocuentes que prometen falsamente cambiar la realidad, solo para decir que ellos fueron los creadores de la varita mágica.

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