Editorial: Fantasía de exoneración
Editorial: Fantasía de exoneración

La encuesta de El Comercio-Ipsos publicada ayer en este Diario trae verdaderas novedades acerca del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio: su aprobación ha bajado ocho puntos porcentuales con respecto al mes anterior (de 53% a 45%) y, simultáneamente, su desaprobación ha subido siete puntos (de 43% a 50%). Y con ello, por primera vez en sus tres gestiones al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), la segunda ha superado a la primera.

¿Qué puede haber precipitado esta merma en la popularidad del burgomaestre? Pues no hace falta ser muy zahorí para identificar la causa eficiente en los problemas desatados a raíz de la instalación del nuevo peaje en Puente Piedra y en sus vanos intentos por esquivar la dosis de responsabilidad que le toca en el desaguisado. 

“Esto es producto de un contrato firmado durante la gestión de Susana Villarán”, “la gestión actual está maniatada”, “nosotros no podemos modificar absolutamente nada de ese contrato”, fueron algunas de las fórmulas ensayadas por Castañeda Lossio para ‘zafar el bulto’. Y luego, ante la evidencia de que los limeños demandaban una intervención más proactiva de su parte, deslizó la tesis de la exoneración del IGV de todos los peajes del país, como una manera de reducir su costo. Como veremos, sin embargo, ambos intentos de exoneración han fracasado. 

Según Castañeda, la instalación y el inicio del cobro del nuevo peaje son consecuencia inevitable del contrato de concesión firmado en el 2013 entre la MML y Rutas de Lima S.A.C. Ocurre, no obstante, que el texto del contrato lo contradice. 

El compromiso asumido por la MML, según se establece en más de una de sus cláusulas, implicaba que esta tendría la obligación de implementar el nuevo peaje dentro de los 30 días siguientes a que Rutas de Lima culminase la construcción de lo que el acuerdo define como “obras obligatorias”. Algo que, pese a que el peaje ya fue instalado, no ha sucedido… En palabras del gerente de Inversión Privada de la MML, Jaime Villafuerte, “el contrato señala que son cuatro obras obligatorias en la Panamericana Norte, de las cuales tres se encuentran concluidas al 100% y una ha sido suspendida”.

La obra en cuestión es un intercambio vial a desnivel en la avenida Canta Callao, y tanto los motivos de su suspensión como las razones por las que el municipio aceptó interpretar que esta tendría los mismos efectos que si la obra se hubiese construido permanecen hasta ahora sin ser explicados. 

Lo cierto, además, es que ni la suspensión de la obra ni la decisión de establecer el peaje a pesar de ello habrían podido producirse sin la conformidad de la MML. Y, sobre todo, que ambas circunstancias configuran justamente lo que Castañeda reputa como imposible: modificaciones al acuerdo original.

Por otro lado, en su anexo N°13, el contrato solo indica que la unidad de peaje en sentido Lima-norte debía ser instalada en una “ubicación aproximada” y cercana a la zona de Chillón, con lo que su emplazamiento final dependió exclusivamente de las partes. En consecuencia, la actual gestión municipal no solo estuvo al tanto de la construcción y cobro de la nueva unidad de peaje, sino que dejó pasar la oportunidad de elaborar mayores estudios de impacto que procurasen la menor afectación posible a los vecinos de Puente Piedra.

La propuesta de Castañeda para exonerar a los peajes del IGV que mencionamos líneas arriba, por otra parte, no solo es antitécnica (porque los peajes bien establecidos tienen una lógica económica que una medida así afectaría), sino que solo supondría el ahorro de algunos centavos para los usuarios de la autopista que pasa por Puente Piedra.

Se trata, pues, de una fantasía sin sustento, igual que la de la exoneración de su responsabilidad en el hecho de que el nuevo peaje haya sido instalado en el momento y el lugar que tantos dolores de cabeza han provocado. Y la reciente encuesta de El Comercio-Ipsos así lo confirma.