Editorial: Una firmita, por favor
Editorial: Una firmita, por favor

A la declaración del señor Jorge Barata, ex representante de en el Perú, sobre la presunta coima de US$20 millones pagada al entonces presidente Alejandro Toledo para obtener la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera , se han sumado una serie de revelaciones sobre los irregulares sucesos que precedieron a la entrega de dicha concesión.

Una de ellas, y que ha concitado la atención pública durante la última semana, tiene que ver con lo acontecido el mismo día en que el comité de Pro Inversión firmó la adjudicación de los contratos de concesión a los consorcios ganadores (integrado por Odebrecht, Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales, en el caso del consorcio que obtuvo los tramos 2 y 3). 

Según la cronología de los hechos, la firma de los contratos estaba programada para el día 4 de agosto del 2005. A las 10:02 a.m., sin embargo, se advirtió a los miembros del comité de Pro Inversión (integrado por seis ministros de Estado, incluyendo al entonces ministro de Economía y actual presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski) de un oficio de la contraloría –que había ingresado el día anterior– que alertaba que algunas empresas integrantes de los consorcios ganadores tenían juicios pendientes con el Estado. Una tesitura prohibida para los postores, según las bases del concurso.

Pro Inversión habría pedido entonces una opinión legal al abogado Juan Monroy Gálvez, la cual se emitió en tiempo récord, precisando que las empresas constructoras en realidad no tenían un juicio pendiente con el Estado, sino que se trataba de otras personas jurídicas distintas a ellas aunque vinculadas o pertenecientes al mismo grupo económico. A la 1:27 p.m., el comité de Pro Inversión retomó la sesión y, apoyado en el informe de Monroy, firmó la adjudicación de los contratos.

Si restringiéramos el análisis al ámbito estrictamente legal, la decisión no presentaría mayor problema. La apreciación del abogado aparentemente era la correcta: las personas jurídicas que integraban el consorcio ganador no tenían –ellas mismas– un juicio vigente con el Estado (y en materia de prohibiciones y sanciones, estas no pueden interpretarse extensivamente). Por otra parte, prohibir contratar a una empresa que tiene un proceso –no una sanción– pendiente con el Estado sería una forma injusta de castigar el ejercicio válido del derecho de defensa y a la tutela judicial. De hecho, tanto las leyes de entonces como las actuales no contemplan la existencia de litigios pendientes con el Estado como una causal que impida contratar con alguna entidad pública.

Pero si reparamos en las circunstancias inusuales que rodearon este proyecto desde su origen, la apreciación varía considerablemente. Si la rapidez con la que se conocieron y levantaron las observaciones a las empresas ganadoras de la licitación de la Interoceánica Sur llama al asombro, el hecho de que el abogado Monroy haya negado haber entregado su opinión jurídica tan apresuradamente el mismo 4 de agosto plantea nuevas dudas.

Para empezar, si es cierto que el señor Monroy envió su documento algunos días después como él asegura, ¿por qué en su informe aparece como fecha el 4 de agosto?, y ¿por qué esa fecha aparece nuevamente en la descripción del servicio que se indica en la factura emitida por su propio estudio jurídico? En el caso de Pro Inversión, cabría preguntarles a sus integrantes ¿por qué se apresuraron en pedir un informe legal y subsanar las observaciones en solo unas horas, cuando podían postergar la fecha de la firma de los contratos como se había hecho anteriormente? Y así también a la contraloría, ¿por qué recién advirtió de los supuestos impedimentos un día antes de la firma de los contratos de concesión, cuando conocía de esta situación desde hacía varios meses?

Así las cosas, las últimas revelaciones solo amplían la sombra de dudas que ya pesaba sobre la gestación de la Interoceánica Sur para cobijar bajo ella también a los involucrados en este enrevesado suceso. Cuestionamientos que harían bien en despejar.