Editorial: Forma y fondos
Editorial: Forma y fondos
Redacción EC

La reacción del ex presidente Ollanta Humala y su esposa a la divulgación de lo declarado por Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, a un grupo de fiscales peruanos en Brasil anuncia una defensa legal que buscará ampararse en las ambigüedades y en lo formal. Un recurso al que ciertamente puede acudir toda persona sometida a una investigación y, eventualmente, a un posterior proceso judicial, pero que resulta muy revelador de la posición en la que se encuentra.

Barata, como se sabe, afirmó que se entregó a Nadine Heredia en efectivo un total de US$3 millones para la campaña presidencial del candidato nacionalista en el 2011, por encargo de la empresa para la que trabaja. E hizo además la precisión de que se trató de fondos provenientes de la ‘Caja 2’ (la que se encargaba de la contabilidad paralela de la constructora brasileña) y cuyo registro era llevado por el Departamento de Operaciones Estructuradas (nombre eufemístico de la política de coimas de Odebrecht): dos claras indicaciones del sentido que los ‘donantes’ daban a su aporte.

El dato de las reuniones para ese fin que, siempre según la versión de Barata, se habrían celebrado en el inmueble de la avenida Armendáriz de los Humala coincide, por otra parte, con lo anotado el 31 de agosto del 2010 por la señora Heredia en una de sus agendas. “10:00 Reunión con el Sr. Jorge Barata y O.H.”, escribió ella. Y no requiere demasiada malicia postular una identidad verosímil para el titular de tales iniciales.

Pues bien, frente a este incómodo escenario, el ex mandatario y su cónyuge han esbozado ya una estrategia defensiva que se ha expresado en estos días a través de distintas fuentes (declaraciones de ellos mismos, anuncios de su abogado Wilfredo Pedraza y un pronunciamiento del Partido Nacionalista). Y, en síntesis, esta consiste, al parecer, en pedir la invalidación de las famosas agendas como prueba en las investigaciones (por el hecho de que fueron hurtadas), y en negar la recepción de los fondos a los que aludió Barata… pero de una forma tan ambigua que deje la puerta abierta para más adelante poder admitir su llegada y negar solo su naturaleza ilegal.

Con respecto a lo primero, Pedraza ha señalado que la redacción final de la solicitud ya está en proceso. Y en lo que concierne a lo segundo, los ejemplos son abundantes. El mismo Ollanta Humala, para empezar, declaró el viernes pasado: “No reconocemos como ciertas las declaraciones de Barata” y “Nosotros no hemos recibido fondos ilegales de la empresa Odebrecht”. Mientras que la ex primera dama, en respuesta a un artículo publicado por la periodista Cecilia Valenzuela en este Diario, escribió el 25 de febrero en su cuenta de Twitter: “Ud. puede decir lo que quiera, como siempre. Eso no significa que me hayan entregado a mí ese dinero”.

Como se ve, trabajosos fraseos que permiten eludir la negación absoluta del presunto financiamiento de Odebrecht y que guardan relación con la salvedad –aparentemente innecesaria– hecha por el Partido Nacionalista (en su comunicado del 23 de febrero) y por Pedraza en más de una oportunidad, a propósito de que las entregas de dinero, de haberse producido, no estarían asociadas a “una imputación vinculada a actos de corrupción” o no tendrían “implicancia penal”.

La pregunta clave, por supuesto, es: ¿por qué habría alguien de tomarse el trabajo de refutar la naturaleza delictiva de una situación que, en principio, declara inexistente? La impresión que queda es la de que se trata de argumentos que podrían resultar útiles más adelante.

Sea como fuere, lo relevante en este contexto es destacar lo que tienen en común las dos líneas de defensa insinuadas hasta ahora por los Humala Heredia. A saber, su sujeción a la dimensión formal de lo que se discute y se les imputa. Y uno solo se ampara en las formas, ya se sabe, cuando los fondos le resultan problemáticos.