Editorial: Fuego amigo

Como si no fuese suficiente síntoma de desbarajuste interno el que un miembro de la bancada oficialista –Moisés Guía– pidiera la vacancia presidencial y otro –Juan Sheput– demandara cambios ministeriales, ahora el secretario nacional de Organización de Peruanos por el Kambio (PPK), Jorge Villacorta, ha exigido la renuncia de la ministra de la Mujer, Ana María Romero-Lozada. Y lo ha hecho, según él, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional del partido de gobierno.

Esto último ha sido matizado por el congresista y secretario general de PPK, Salvador Heresi, quien ha hablado solo de “reflexiones dadas en el interior del CEN”. Pero trátese de una cosa o de otra, lo cierto es que la exigencia resulta descabellada y, por eso mismo, da la impresión de responder a razones distintas a las expuestas por quien la planteó.

Como se sabe, la justificación de Villacorta es que la ministra Romero-Lozada fue gerenta de la ONG Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, que en el pasado recibió financiamiento de la empresa Odebrecht, por lo que “representa un gesto de usos y costumbres políticas sacarla del ministerio”. Es decir, que con prescindencia de si ella tuvo o no conocimiento de las actividades ilícitas de la constructora brasileña al momento de ejercer ese cargo, habría que licenciarla del Gabinete por una cuestión de tradición.

Una argumentación un tanto antojadiza, por decir lo menos… Pero si se presta atención a las consideraciones adicionales del secretario de Organización de PPK, otras motivaciones para el reclamo quedan claramente insinuadas. En particular, una aparente ojeriza suya al “sector tecnocrático” de la administración, al que culpa de la permanencia de la ministra en su puesto.

“El gobierno está copado de tecnócratas y bueno fuera que dieran resultados, pero nada”, ha señalado Villacorta. Y también: “[Ellos] no mentalizan que el Perú está esperando gestos. Descargar ese peso del Gabinete sería dejar libre al presidente Pedro Pablo Kuczynski”.

¿Pero quiénes son exactamente en su imaginaria distribución del Gabinete los ‘tecnócratas’? ¿Los ministros que no tienen militancia política o los que cuentan con un título universitario que respalde el conocimiento que tienen del sector que les toca manejar?

La verdad es que ninguna opción es buena. Porque si se tratase de la primera, su queja parecería una forma oblicua de exigir más cupos en el gobierno para la gente del partido que trabajó en la campaña. Recompensas políticas, en buena cuenta. Y si se tratara de la segunda, quedaría el sabor de un absurdo desdén hacia los merecimientos académicos y hasta de una sospecha de represalia.

No olvidemos que, en octubre pasado, el propio Villacorta tuvo que renunciar a su puesto de asesor técnico del Despacho Presidencial en asuntos de Prevención y Control de Conflictos Sociales, en la estela de la crisis desatada por el ‘affaire Moreno’. Un cargo para el que, en el momento en que había sido designado –el 7 de agosto del 2016–, se exigía ostentar una colegiatura, un título universitario o el grado de bachiller… con el inconveniente de que Villacorta no cumplía ninguna de las tres condiciones.

La exigencia se cambió después (el 9 de setiembre), pero, como es obvio, eso no podía corregir retroactivamente la irregularidad de su nombramiento.

La diatriba del secretario de Organización de PPK, por otra parte, parece ignorar que la presencia y permanencia de determinado ministro dentro del Gabinete no depende de sus colegas, sino del primer ministro y, en última instancia, del presidente de la República. Por lo que el ‘fuego amigo’ que ha disparado contra un pretendido sector del Consejo de Ministros alcanza en realidad a ellos dos: una fórmula segura para complicar, innecesariamente, la ya mellada gobernabilidad de esta administración.

El siguiente acto de esta comedia de equivocaciones consistirá probablemente en una desautorización de las palabras de Villacorta o algún vano intento oficialista de sostener que no dijo lo que dijo. Pero eso no servirá para enmendar o disimular cosa alguna, pues la ciudadanía sabe detectar los patrones de conducta. Y aquí hay uno bastante claro.