El dirigente Pedro Castillo anunció la suspensión temporal de la huelga de docentes. Posteriormente, Marilú Martens, ministra de Educación, saludó la decisión.
El dirigente Pedro Castillo anunció la suspensión temporal de la huelga de docentes. Posteriormente, Marilú Martens, ministra de Educación, saludó la decisión.
Editorial El Comercio

En ocasiones anteriores, a propósito de las interpelaciones por las que pasaron los entonces ministros Jaime Saavedra y Martín Vizcarra, así como el titular de la cartera de Interior, Carlos Basombrío, criticamos en este Diario el vitriólico e impreciso contenido de los pliegos que les tocó responder. En aquellas oportunidades nuestra preocupación era que la agresividad de tales documentos se materializase luego en el debate en acusaciones sin sustento, enunciados falsos o burdas faltas de respeto; e invocamos más bien a los congresistas a hacer un uso responsable de tan importante instrumento constitucional. En cada caso, no obstante, nuestros legisladores nos decepcionaron.

Resulta difícil por ello esperanzarse en que la interpelación a la ministra de Educación, Marilú Martens, que se llevará a cabo esta semana, será una excepción. Y es que si se revisa el contenido del pliego promovido por las bancadas de Fuerza Popular (FP) y el Frente Amplio, rápidamente se encuentran –además de errores ortográficos y de redacción que ameritarían una calificación reprobatoria en cualquier escuela– varias preguntas con enunciados falsos, que carecen de mayor sentido si se ponen en contexto o incluso con afrentas disfrazadas de interrogantes.

En el primer grupo está, por ejemplo, la pregunta 5, que increpa a Martens por no haber recibido “a los dirigentes de las bases regionales protagonistas de la huelga nacional” y le consulta si ello “fue por la indicación del ministro del interior de que considera que hay 5000 ministros terroristas protestando en las calles [sic]”. Ocurre, sin embargo que lo que Basombrío dijo fue que existen cerca de 5.000 docentes que firmaron el padrón con el que el Movadef buscó inscribirse como partido político en el 2011. O sea que ni ‘ministros’ ni ‘terroristas’. Y esa diferencia no es sutil.

Tampoco es cierto lo afirmado en la pregunta 21, respecto a que desde el año 2003 “no hay evidencia de la mejora de la escuela pública”. Solo por citar un ejemplo, en el 2007, la primera vez que se tomó la Evaluación Censal de Estudiantes, apenas el 7,2% de los alumnos logró un nivel satisfactorio en matemáticas, y solo un 15,9% lo hizo en lectura. Al 2016, el porcentaje de resultados satisfactorios en matemáticas ha crecido hasta 34,1%, y en lectura, hasta 46,4%. Queda mucho por trabajar, pero no se puede negar las mejoras.

Algo similar pasa con la pregunta 37, según la cual no se está cumpliendo con el mandato legal de otorgar un incentivo económico a los profesores con maestría. Como trascendió hace algunos días, el propio huelguista Pedro Castillo recibe esa bonificación.

El segundo grupo de preguntas, como adelantábamos, desafía todo criterio de razonabilidad. Ello ocurre con la pregunta 15, que incurriendo en el mismo error que la congresista Karina Beteta (FP), increpa a la ministra: “¿Por qué no sincerar el fondo de las evaluaciones docentes que hasta hoy solo han servido para quitarle estabilidad laboral a los maestros [sic]?” y cuestiona si “solo el despido es la solución”; pese a que las primeras evaluaciones de desempeño docente se tomarán recién este año, lo que hace materialmente imposible que ya se haya despedido a maestro alguno como consecuencia de estas.

No es muy distinto lo que sucede con las preguntas 1 y 14, que critican duramente la baja inversión en educación midiéndola como porcentaje del PBI, sin reconocer que hoy dicha partida ocupa casi el 20% del presupuesto público (es decir, del dinero con el que realmente cuenta el Estado).

Finalmente están los cuestionamientos que no parecen realmente esperar una respuesta, sino que simplemente proporcionan el camuflaje a un agravio. Es el caso, por ejemplo, de la pregunta 33: “[...] Ministra, quien manda en su cartera? El Presidente, el ministro Zavala o usted? [sic]”.

Es cierto que tenemos un largo trecho por recorrer en lo que respecta al desarrollo del sector educativo en el Perú. Pero es justamente por ello que resulta lamentable que, a través de un trabajo de tan pobre calidad como el de este pliego, nuestro Congreso se muestre como un reflejo del problema, y no como parte de la solución.