Editorial: El gato, la liebre y el Parlamento

El Congreso debate estas semanas una serie de reformas que buscan solucionar los problemas del sistema de representación política y de institucionalidad de los procesos electorales que hasta ahora se mantienen pendientes. Sobre algunas de estas iniciativas –la prohibición de la reelección inmediata de gobernadores regionales y alcaldes, la sanción al transfuguismo y la alternancia en las cuotas de género– hemos opinado ya en esta página, pues no solo perjudican el sistema de representación y coartan la libertad de los electores, sino que dejan de lado las reformas políticas necesarias y de fondo.

La limitación a la reelección inmediata de autoridades, por ejemplo, perfora el sistema de incentivos de las personas elegidas y limita la viabilidad de proyectos de largo plazo, al tiempo que ignora la acumulación de experiencia técnica de las administraciones anteriores. En la sanción al transfuguismo, por otro lado, se atenta contra la posibilidad de un parlamentario de ser consecuente con el compromiso que asumió con quienes lo eligieron en caso sea más bien la bancada la que cambie de posición luego de las elecciones. Y, por último, en lo que concierne a las cuotas y la alternancia de género, hemos señalado que ambas van en contra del derecho fundamental de la participación política en condiciones de igualdad que asiste a todo ciudadano.

Pero decíamos, también, que mientras se discutían estas propuestas, las reformas de fondo quedaban de lado. Una de ellas, por ejemplo, es la adopción de distritos electorales uninominales. Hoy, en el Perú, debido a la presencia de distritos plurinominales (es decir con más de un representante por circunscripción), el voto se fracciona entre muchos candidatos, dificultando el esfuerzo de los representados por conocer –y luego fiscalizar– a sus representantes, y reduciendo los incentivos de los partidos para formar alianzas.

Con distritos más pequeños y uninominales, el ciudadano podría elegir entre un número de candidatos sobre el que sea posible informarse con algún grado de seriedad y, habiendo elegido a su representante, lo conocería y lo sentiría efectivamente como suyo. Solo así cada elector podrá ver un sentido en hacer llegar sus demandas y fiscalizarlo, volviendo la democracia real, tangible y realmente al servicio del ciudadano.

Otra reforma crucial que nuestros políticos tampoco han querido encarar es la del voto voluntario. El voto, como toda conquista de la democracia, es un derecho y por tanto no puede ser impuesto a los ciudadanos. En una democracia todavía poco robusta como la peruana y en la que el nivel de apatía política es alto, lo que se necesita es justamente un voto mucho más comprometido del ciudadano con las causas que defiende; no un elector arrastrado de las narices cuya participación forzada, unida con su desinterés en la política, contribuye a que los resultados de la elección sean –en el mejor de los casos– poco satisfactorios. Si queremos fortalecer a los partidos políticos, estos deben construir sus organizaciones a partir de una estrategia de persuasión hacia el elector y un genuino interés de su militancia en vez de sobre una imposición por parte del Estado. 

A todo esto, por cierto, tiene que sumársele una serie de iniciativas para fortalecer internamente a los partidos y que asuman mayor responsabilidad por sus actuaciones. En concreto, la ONPE y el JNE deben tener una actuación mucho más activa en los comicios internos de los partidos –cuyo plazo vence mañana– para que el registro de militantes y postulantes no pueda ser fácilmente manipulado. Asimismo, además de la curul vacía, los partidos deben ser directamente sancionados si sus congresistas y autoridades locales resultan condenados por delitos de corrupción. 

No es arbitraria la pertinencia de estas reformas políticas. Todas ellas guardan una fundada coherencia respecto de la necesidad de respetar las libertades políticas y, al mismo tiempo, generar los incentivos necesarios para fortalecer a los partidos. Por ejemplo, la adopción de distritos uninominales haría, de coletazo, innecesarias medidas como la eliminación del voto preferencial y la instauración de cuotas por género (en tanto solo habría una plaza). El voto voluntario, por su lado, incentivaría a los partidos a mejorar su oferta política y a incluir a personas con trayectoria íntegra entre sus candidatos. 

Por el contrario, las reformas que actualmente se vienen discutiendo y ejecutando son aisladas y no buscan una mirada integral a los asuntos de fondo de la representación nacional. Para cumplir con la opinión pública, venden gato por liebre. En la medida en que el Congreso continúe implementando parches ciegos que intentan atacar más las consecuencias de los problemas que sus causas, los partidos seguirán languideciendo, los ciudadanos permanecerán desencantados con la democracia y las autoridades elegidas mantendrán el mismo nivel de desempeño que las actuales.