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Editorial: Si no te gusta, acusa

El Congreso debe evitar que la acusación constitucional pierda seriedad y legitimidad.

Editorial

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Tanto el congresista Daniel Salaverry (Fuerza Popular) como su ex colega Yeni Vilcatoma han presentado acusaciones constitucionales contra el fiscal del la Nación. (Fotos: Archivo / Congreso)

Hace unas semanas, cuando el congresista Daniel Salaverry presentó una denuncia constitucional en contra del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, por una supuesta “grave omisión funcional en la lucha contra la corrupción”, criticamos en este Diario lo preocupante que resultaba que un congresista no advirtiera el grueso error jurídico, político y de sentido común que cometía al querer utilizar un instrumento constitucional tan trascendental para vulnerar la autonomía de una institución como el Ministerio Público.

Que un congresista no esté de acuerdo con la estrategia de investigación de un fiscal (distinto, por cierto, al fiscal de la Nación) no puede ser motivo para que se acuse y plantee la destitución del representante máximo del Ministerio Público. De ser así, habría tantas acusaciones constitucionales como pesquisas fiscales por las que se interesaran y discreparan cada uno de los 130 parlamentarios, y desaparecería por completo el principio de autonomía de los órganos del sistema de administración de justicia.

Ocurre que, como si quisiera dar un ejemplo de lo pernicioso que resultaría ese uso tan antojadizo de la figura de la acusación constitucional, la parlamentaria Yeni Vilcatoma interpuso su propia denuncia contra el fiscal de la Nación al cabo de unos días (y, posteriormente, llevó la imputación al Consejo Nacional de la Magistratura). Al igual que en el caso de su ex compañero de bancada, el texto de la denuncia destaca por su pobreza argumentativa y probatoria, con el agravante de que quien lo promueve se desempeñó antes como procuradora del Estado. En resumen, le imputa responsabilidad al fiscal de la Nación por haber designado a Hamilton Castro como fiscal ad hoc para el Caso Lava Jato, ya que este último no habría mostrado aún resultados “reveladores” en sus pesquisas. Al mismo tiempo, acusa a Castro de “blindar” a las empresas consorciadas con Odebrecht. ¿La evidencia de este supuesto blindaje? Ninguna que pueda considerarse válida. ¿El estándar por el cual se considera que la función del fiscal Castro ha sido deficiente? Su solo parecer.

Frente a estas denuncias tan poco sensatas, se esperaría el pronto rechazo por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Lamentablemente, este grupo de trabajo –con el voto favorable únicamente de los congresistas de Fuerza Popular (FP) y la abstención del parlamentario aprista Javier Velásquez Quesquén– no solo ha declarado procedentes las denuncias inventándose para ello infracciones constitucionales, sino que incluso ha realizado calificaciones peligrosas que denotan una propensión en contra del fiscal de la Nación, a quien sin mayor sustento que el solo dicho de los denunciantes le imputan “una falta de rectitud al momento de administrar sus funciones” y “una aparente inclinación a la no persecución de todas las partes involucradas en dicha investigación”.

Abierta la puerta al juego de las acusaciones constitucionales pueriles, era cuestión de tiempo el que surgiera alguna ahora en dirección de los antiguos acusadores. Esta semana, se ha conocido que organizaciones gremiales como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y otras como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Colegio de Sociólogos del Perú han planteado su propia denuncia constitucional contra los congresistas que dieron luz verde a la acusación contra el fiscal de la Nación. Y dada la minúscula valla que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fijó para declarar la procedencia de una imputación de este estilo, solo un forzado ejercicio de contorsión podría salvar a dichos parlamentarios de pasar por el mismo trance al cual han sometido al representante del Ministerio Público.

La figura de la acusación constitucional surgió como un escudo previo para garantizar el correcto desempeño de las tareas encomendadas a los altos funcionarios del Estado (congresistas y fiscales supremos incluidos) y que estas no se vean comprometidas por denuncias maliciosas o triviales. La actitud irresponsable de algunos congresistas, sin embargo, está terminando por deslegitimar el filtro constitucional y convertirlo en una espada que se blande cada vez que algo no les gusta.

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