Editorial: Historia de un error

Hay errores que no se pueden corregir fácilmente. Algunas equivocaciones graves, como un matrimonio desaconsejable o una mala elección vocacional, nos siguen varios años después de la decisión que dio origen al problema y nos dejan con opciones limitadas para solucionar el asunto de fondo. Mientras más perniciosa sea la equivocación, más difícil es salir de ella. Y si la equivocación se trata de un mal proyecto de inversión de US$5,4 mil millones, aun peor.

Como se sabe, el lunes pasado Petro-Perú colocó bonos en el mercado internacional por US$2 mil millones, la emisión más grande en la historia del Perú. El dinero recaudado será utilizado en la modernización de la refinería de Talara, proyecto que es propiedad de la petrolera estatal y quizá el elefante blanco más significativo heredado de la administración anterior.

La faraónica obra, que ha terminado costando casi cuatro veces su presupuesto inicial, ha sido un sinsentido absoluto desde el inicio. Nunca ha quedado claro cómo así su abultadísimo costo se compensa con los flujos futuros que pueda obtener en los márgenes de refinación, ni de dónde saldrá todo el petróleo crudo barato a refinar, ni por qué una empresa pública –de por sí ineficiente– debe correr con los riesgos de una inversión de este tipo. De hecho, la única manera en que Petro-Perú podía conseguir semejante financiamiento para continuar su refinería sin recurrir directamente al fisco era a través de algún nivel de garantía para los inversionistas que les indicase que, si la empresa estatal no cumplía con los pagos programados, el Gobierno Peruano se encargaría de saldar la deuda.

Y, efectivamente, así sucedió. Si bien los bonos no tienen garantía explícita del Estado, el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, le comentó a este Diario que la emisión “es algo muy cercano a una obligación de la República, porque [Petro-Perú] es la primera empresa del Estado”. Asimismo, la agencia calificadora Fitch declaró que “sin la propiedad y el apoyo del Gobierno, la calificación independiente del crédito sería ‘B’ en lugar de ‘BBB+’”. En otras palabras, si los inversionistas que compraron la deuda de Petro-Perú no creyeran que los contribuyentes peruanos recogeríamos caballerosamente la cuenta en última instancia, no hubiesen prestado el dinero.

¿Por qué decidió la presente administración continuar con un proyecto a todas luces sobredimensionado e ineficiente? ¿Por qué se aprobó un nivel de endeudamiento público adicional suficiente para construir 20 mil postas médicas o 1.600 comisarías? Lo que ocurre es que, como comentábamos al inicio, los errores gruesos no son simples de subsanar.

Siguiendo el razonamiento del Gobierno, dado el monto ya invertido en Talara y las contingencias legales y financieras de cancelar el proyecto, los costos marginales de paralizarlo pueden ser mayores a los beneficios marginales de continuar con él. Por otro lado, vender el proyecto a un privado podría resultar financieramente inviable en este momento ya que, como se explicó, el aval público fue lo que hizo posible la exitosa colocación de bonos en primer lugar. El Gobierno ha quedado, pues, con un menú de elecciones que fluctúan entre malas, muy malas y pésimas.

Si alguna lección debe dejar esta historia de un grave error de largo aliento, es que, cuando los incentivos institucionales permiten que sea el sector público el que tome decisiones de inversión productiva que le deberían corresponder al sector privado, los contribuyentes terminamos asumiendo riesgos innecesarios y pagando los platos rotos. Peor aún, en circunstancias así, salir del atolladero resulta costoso, arriesgado y lento. Es sabido que algunos errores cuestan caro.