"El pedido del Ejecutivo tenía tracción popular a partir del reciente caso del vacado congresista Edwin Donayre (APP), quien se encuentra prófugo de la justicia". (Foto: El Comercio)
"El pedido del Ejecutivo tenía tracción popular a partir del reciente caso del vacado congresista Edwin Donayre (APP), quien se encuentra prófugo de la justicia". (Foto: El Comercio)
Editorial El Comercio

Ser respetuoso del balance de poderes no es siempre fácil. Decía el ex congresista Javier Valle Riestra, por ejemplo, que, en lo que concierne a la separación de poderes del Estado, el Congreso era el primus inter pares, frase latina que alude a aquel que es el primero entre iguales. Más allá de los méritos o limitaciones que pueda haber tenido la expresión del ex parlamentario, queda claro que el actual Congreso ha llevado su significado al paroxismo en un afán por mantener prerrogativas de las que, con claridad, se ha abusado.

Tras dilatar el proceso, esta semana la Comisión de Constitución del Congreso, liderada por la legisladora Rosa Bartra (Fuerza Popular), ordenó el archivamiento del proyecto de ley que proponía una reforma del artículo 93 de la Carta Magna, referido a la inmunidad parlamentaria. La propuesta del Ejecutivo disponía que fuese la Corte Suprema –y ya no el pleno del Congreso– la instancia que resuelva el levantamiento de la inmunidad. El predictamen finalmente rechazado en comisión, de hecho, ni siquiera incluía esta figura, sino que planteaba que siga siendo el Congreso el que defina el tema, pero con un plazo fijo de 60 días. Con votos de Fuerza Popular, Apra, Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular, la solicitud mínima de silencio administrativo positivo también se encarpetó.

El pedido del Ejecutivo tenía tracción popular a partir del reciente caso del vacado congresista Edwin Donayre (APP), quien se encuentra prófugo de la justicia tras ser sentenciado a cinco años de prisión efectiva por robar gasolina del Ejército. El Poder Judicial venía solicitando el levantamiento de la inmunidad desde agosto del año pasado, cuando fue hallado culpable en primera instancia, pero el Legislativo solo accedió a ello a inicios de este mes, luego de que la Corte Suprema confirmara su condena.

Vistos los antecedentes, los pedidos de modificación constitucional de la inmunidad a partir del caso Donayre estarían lejos de tratarse de una regulación anecdótica. La verdad es que los problemas con el actual sistema son estructurales. Desde 1990, en el pleno solo se ha aprobado menos del 10% de los pedidos de levantamiento, en tanto que desde 1995, de los 70 proyectos de ley presentados para reformar el mecanismo actual, apenas cinco tuvieron luz verde: ninguno contenía una reforma de fondo o constitucional.

El razonamiento utilizado por algunos parlamentarios para defender la decisión de la Comisión de Constitución ha sido, a lo mejor, endeble. Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular), por ejemplo, indicó que “la decisión sobre el levantamiento de inmunidad es una decisión política. Los jueces no son políticos y no pueden ser políticos”, como si los delitos comunes por los que se les acusa a los parlamentarios tuvieran connotación política y no, simplemente, penal. La alusión a supuestas persecuciones políticas para evitar enfrentar la justicia está, por lo demás, ya trillada.

Por su parte, Héctor Becerril (Fuerza Popular) criticó que “la justicia en el país no es igual para todos, y a esa justicia le queremos dar la inmunidad para que haga lo que quiera con los congresistas de la República”. Al parecer sin percatarse, el congresista dio, precisamente, en el punto. La justicia debe ser igual para todos los ciudadanos, y los congresistas no son la excepción. Solo en lo que va de esta gestión, la justicia ha solicitado el levantamiento de inmunidad para seis congresistas, y la mayoría ha sido rechazada.

Finalmente, Luis Iberico (APP) enfatizó que “acá se trata también de la autonomía de poderes. El Congreso es autónomo”. Y si bien ello es cierto, el equilibrio de poderes no demanda que la autonomía derive en completa autosuficiencia e impunidad, como resulta hoy en más de una ocasión.

En general, resulta preocupante el celo de buena parte del Congreso para limitar el procesamiento y arresto de criminales comunes que se han insertado en sus bancadas. Una mirada benigna podría calificar la actitud como un espíritu de cuerpo mal entendido, mientras que una menos comprensiva la acercaría a la complicidad.

En este contexto, ¿qué expectativas quedan de que el actual Congreso emprenda una reforma política que pueda, eventualmente, ir en contra de sus intereses personales o partidarios? A partir de lo sucedido, la congresista Bartra advirtió a sus colegas que cuiden el uso del término “blindaje” en sus declaraciones. Inadvertidamente, la solicitud sonó menos a un cauto consejo que a una confesión de parte.