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Editorial: Incomodidades de la prensa

Irregular y peligrosa fue la diligencia de la fiscalía en IDL-Reporteros luego de la divulgación de los audios sobre el CNM.

Editorial

IDL Reporteros

“La prensa no es un instrumento de investigación estatal y la labor periodística no puede actuar con sujeción a la fiscalía ni a ninguna entidad pública”. (Foto: Giovanna Castañeda / El Comercio / Video: Canal N)

Giovanna Castañeda

Ayer, un representante del Ministerio Público acudió a las oficinas de IDL-Reporteros, el medio de comunicación que divulgó varios audios que implican a un vocal supremo, al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao y a tres miembros del Consejo Nacional de la Magistratura en un conjunto de negociados e intercambio de favores incompatibles con el alto cargo que ocupan. Más allá de las responsabilidades legales que correspondan a los involucrados, el destape periodístico ha remecido los cimientos de dichas instituciones.

La forma como la fiscalía llevó a cabo esta diligencia llamó poderosamente la atención. Se realizó de forma inopinada, el fiscal estuvo acompañado de cuatro policías, las autoridades a cargo no ofrecieron ningún documento que explicara la naturaleza, el objetivo ni el alcance de la diligencia y, de acuerdo con Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, inicialmente les requirieron la “exhibición e incautación” de toda la documentación relacionada con la investigación periodística que ellos mantienen en curso.

También comentó Gorriti que cuando advirtieron al funcionario del Ministerio Público de lo irregular de la operación que conducía, este decidió suspender la diligencia y anularla. Minutos después, la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía de la Nación lamentó las “incomodidades surgidas” y precisó que se trataba únicamente de un requerimiento de exhibición de documentos programada por el despacho de la fiscal anticorrupción Norah Córdova.

Estas explicaciones, sin embargo, no terminan de despejar las dudas ni absolver los serios cuestionamientos a una acción bastante anormal, por decir lo menos. Dado que las escuchas provienen de una investigación fiscal respecto del crimen organizado en el Callao, ¿no era más sencillo que la fiscal Córdova requiriese los registros originales al fiscal a cargo de la investigación o al juez que autorizó las grabaciones? ¿Qué necesidad había de acudir hasta el local de un medio periodístico para pedir la exhibición de lo que ya se había publicado y era de fácil acceso para cualquier persona con una conexión a Internet? En todo caso, si solo se trataba de una exhibición y no una incautación, ¿por qué no se realizó una coordinación previa con el medio periodístico? ¿Era necesario acudir sorpresivamente y acompañado de policías al local de una organización que no está investigada ni bajo sospecha? Estas y otras preguntas han quedado en el tintero, además del sinsabor de un posible atropello a la prensa.

En una sociedad democrática, y mientras actúen dentro de la ley, los medios periodísticos deben realizar su labor sin temor de que las autoridades estatales puedan tomar represalias contra ellos o entrometerse en su quehacer. La prensa no es un instrumento de investigación estatal y la labor periodística no puede actuar con sujeción a la fiscalía ni a ninguna entidad pública. Ello implica que las acciones de las autoridades estatales no pongan en peligro principios básicos como la reserva de las fuentes periodísticas o la confidencialidad del material periodístico que aún no ha sido publicado.

Quizá lo acontecido ayer fue solo un desliz de un grupo de funcionarios, e hizo bien la fiscalía en retroceder y rectificar prontamente. Hizo bien también el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en reiterar ayer en la noche su apoyo a la libertad de prensa y en asegurar que la diligencia no tenía pretensiones de presionar a los periodistas. Pero una institución tan importante como el Ministerio Público debe ser mucho más responsable y cuidadosa con sus acciones, sobre todo en la actual coyuntura, cuando la opinión pública percibe –con fundamento– que las instancias judiciales no están cumpliendo su labor y más bien atentan ellas mismas contra la administración de justicia.

Cuando las autoridades estatales dejan de cumplir el mandato que la ciudadanía les ha encomendado es cuando la labor de la prensa independiente se hace más trascendental. Y cuando las libertades de esta prensa están en peligro es cuando todos debemos estar más vigilantes, para defender que los medios sigan investigando… aun cuando eso ocasione algunas incomodidades.

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