Editorial: Fin de la indulgencia

El gobierno ha practicado finalmente cambios en el Gabinete coincidentes con los reclamos de un sector de la oposición; Daniel Figallo, Carmen Omonte y Eleodoro Mayorga dejaron ayer el fajín. Pero lo más sorprendente ha sido la decisión del Ejecutivo de separar del cargo al más cuestionado de los ministros. Es decir, a Daniel Urresti, quien durante su gestión tuvo un nulo aporte a la mejora de la seguridad ciudadana y que, recientemente, agregó un desaguisado muy grave que habría sido la gota que rebalsó el vaso en la decisión de separarlo del Gabinete.

Como se sabe, la semana pasada, tras conocerse el saldo de un estudiante muerto y 35 heridos por impacto de bala durante las protestas en Pichanaki, el ex titular del Interior salió a negar enfáticamente que las fuerzas policiales hubiesen utilizado armas de fuego en el lugar, procurando desentenderse de su responsabilidad en los luctuosos acontecimientos.

“Todos los efectivos han sido revistados para asegurarnos de que no tengan armas”, declaró. Y también: “Solamente cuentan con su vara, su escudo y sus gases lacrimógenos. La policía no está utilizando ni balines ni munición de gomita”. 

Y si bien, en menos de 24 horas, la contundencia de la evidencia obligó a admitir oficialmente la falsedad de esas afirmaciones, la aclaración provino de un comunicado firmado por la Oficina de Comunicación Social del Ministerio del Interior y no de la boca de Urresti mismo, como habría correspondido.

Solo tras un silencio insólitamente prolongado para los estándares de su locuacidad pública, el hoy ex ministro dio la cara para ofrecer explicaciones. Y lo hizo echando mano de un recurso que, en su caso, estaba completamente devaluado: pedir perdón. “Quiero pedir perdón a la población de Pichanaki por lo que sucedió –dijo–. Nos confiamos ciegamente en que los reportes [de los jefes policiales] eran ciertos”. Y luego añadió: “Me arrepiento de no haber ido”.

Las excusas de Urresti, no obstante, tuvieron un sabor inevitablemente sospechoso, pues en los últimos tiempos las había usado de modo sibilino para exacerbar los agravios por los que simulaba disculparse (“Si es falso que el comportamiento errático de su hermano congresista se debe a problemas mentales, le pido perdón”, le recitó, por ejemplo, a Keiko Fujimori). O para disfrazar de relamida caballerosidad su necesidad de esconder el rabo entre las piernas cuando sus atropellos provocaron censuras hasta dentro del gobierno (“No saben cómo lamento muchísimo eso. Si fuera posible, les pido perdón de rodillas sinceramente a las damas que estaban en ese meme”, murmuró compungido tras haber agredido en el ciberespacio a personas que nada tenían que ver con sus reyertas políticas).

Lo dudoso de su autenticidad, sin embargo, no es el único problema relacionado con las disculpas ofrecidas por el ex titular del Interior. Lo central, en realidad, era reflexionar sobre si estas eran válidas como recurso para preservar un cargo-fusible dentro de la estructura política del gobierno; máxime cuando él mismo ha terminado por reconocer el rol que le ha tocado en todo este trágico despropósito. “¿Tengo responsabilidad política? Sí”, sentenció escuetamente. Y el gobierno ha actuado de acuerdo con lo que esa admisión establece ya fuera de toda duda.

Desde José María de la Jara y Ureta –que lo hizo con dignidad cuando un estudiante murió durante una manifestación en el Cusco, en tiempos del segundo belaundismo– hasta Mercedes Cabanillas –que, tras el ‘baguazo’ del último gobierno aprista, forcejeó un poco con el portafolio antes de soltarlo–, todos los ministros del Interior salpicados por la responsabilidad política de muertes inaceptables han renunciado al puesto o han sido obligados a hacerlo. El humalismo, en este caso, no hizo una desafortunada excepción.

El temor a perder una ficha popular en las encuestas o la resistencia a encajar la derrota que significaría conceder un cambio que el Apra y el fujimorismo exigían ruidosamente nos hacía pensar que el presidente Ollanta Humala y la presidenta del Consejo de Ministros se podrían haber mostrado una vez más indulgentes con Urresti. Sin embargo, semejante tozudez corría el riesgo de engendrar un revés aun más amargo para el gobierno en muy poco tiempo. Concretamente, apenas se inicie la próxima legislatura.