Editorial: Irse de bruces

La propuesta de la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de sancionar al legislador Carlos Bruce con 120 días de suspensión por haber solicitado, a través de su despacho, resguardo policial para la inauguración de su restaurante en la Costa Verde ha levantado una considerable polvareda política. De un lado, hay quienes piensan que el castigo –que debe ser debatido y votado todavía en el pleno– sería exagerado y esconde una voluntad de mellar la figura del referido parlamentario por razones ajenas a la falta imputada; y de otro, quienes juzgan la pena conveniente y le atribuyen incluso un eventual valor ejemplificador.

Como se sabe, la decisión fue adoptada por mayoría, con los cuatro votos del fujimorismo en la comisión y el del representante de Acción Popular, Yohny Lescano. Los cuatro restantes miembros de ese grupo de trabajo, pertenecientes a otras tantas bancadas, prefirieron, en cambio, abstenerse.

La actitud del congresista Lescano en todo este episodio, dicho sea de paso, merece un comentario aparte, pues 24 horas después de haber respaldado la recomendación de la suspensión por 120 días, anunció que presentará una reconsideración de la decisión porque le parece “exagerada”. Una voltereta que sugiere que o bien su primera postura o bien la segunda responde a motivaciones políticas y no éticas, porque resulta inverosímil que su idea de lo que es justo y lo que no lo es en una situación así cambie de manera tan drástica en tan poco tiempo.

De cualquier forma, su vacilación sirve para ilustrar el problema que esta situación plantea. Como se recuerda, la creación de la comisión que nos ocupa obedeció a una voluntad de introducir la ética en la política, pero los ejemplos del múltiple rasero con el que ella ha evaluado los distintos casos sometidos a su consideración hacen sospechar que lo sucedido ha sido todo lo contrario. Es decir, que los intereses derivados de la competencia política son los que han terminado condicionando la ética.

Así, se han archivado denuncias como la que pesaba sobre el legislador Kenji Fujimori por repartir bienes en un colegio cusqueño –según la denuncia– durante la semana de representación. O la que afectaba a la parlamentaria fujimorista Nelly Cuadros por haber consignado información presuntamente falsa en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones. Al mismo tiempo, en otros casos, como los de Elías Rodríguez (Apra), por plagiar textos en sus proyectos de ley, y Yesenia Ponce (Fuerza Popular), por no “respetar la autonomía de poderes” al intervenir prepotentemente en una sesión del Consejo Regional de Áncash, sí se recomendaron suspensiones de 90 y 120 días, respectivamente.

Es decir, un criterio errático que haría pensar que, en el mejor de los escenarios, la referida comisión no modula la gravedad de las faltas que le toca juzgar.

De hecho, a propósito de la sanción sugerida para él, Bruce ha comentado: “Por enviar una carta [pidiendo que licencien una universidad] sometieron a Ética al congresista Lucio Ávila (Fuerza Popular) y la comisión decidió no investigarlo. En el Congreso pasado, el congresista [Daniel] Mora (Perú Posible) mandó una carta también para que le den licencia a una universidad y la Comisión de Ética decidió amonestarlo. Yo también envié una carta y se me ha puesto de sanción 120 días”.

Lo cierto, no obstante, es que, como él mismo admite, ha cometido una falta y, por lo tanto, alguna sanción merece. Lo que se objeta aquí es que el establecimiento de si lo que correspondería es una amonestación, 120 días o cualquiera de las opciones intermedias, esté librado a los intereses o humores de quienes integran la Comisión de Ética, primero, y el pleno del Congreso, después.

Sentencias razonadas y justificadas es lo que se pide en este caso y los que sigan. Una demanda que no parece excesiva para una representación nacional que empezó sus funciones con buen pie, pero que ante estos problemas menudos amenaza con irse de bruces.