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Editorial: Justicia definitiva

La audiencia de prisión preventiva reveló el cúmulo de evidencias que pesa contra Ollanta Humala y Nadine Heredia.

Editorial

Ollanta y Nadine

(Fotos: EFE)

El último jueves el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el ex presidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia. (Fotos: EFE)

(Fotos: EFE)

La orden de prisión preventiva dictada este último jueves contra el ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia ha motivado una serie de reacciones políticas, así como debates jurídicos en torno a la pertinencia de esta medida restrictiva; en particular, respecto a los argumentos planteados por el fiscal Juárez Atoche y valorados por el juez Concepción Carhuancho para considerar que había un peligro de obstrucción de la investigación y de sustracción a la justicia si la pareja afrontaba lo que resta del proceso penal en libertad.

Más allá de lo válida que puede resultar dicha discusión, hay otro aspecto de fondo en el que la polémica es bastante menor. Nos referimos al cúmulo de evidencias aportadas por la fiscalía que hacen cada vez más verosímil la imputación de que Humala y Heredia habrían cometido el delito de lavado de activos con ocasión del financiamiento de las campañas presidenciales del nacionalismo en el 2006 y el 2011.

Ciertamente, antes de la audiencia de prisión preventiva, ya había varios indicios que apuntaban en dirección de la hipótesis fiscal. Algunos de ellos fueron recordados en esta misma página hace dos días, como por ejemplo, los S/2 millones de ingresos que, según la  ONPE, el Partido Nacionalista no pudo sustentar en la campaña del 2011, las 65 personas que fueron consignadas como aportantes y niegan haber realizado esas contribuciones, la información consignada en las agendas de la ex primera dama que incluyen montos por encima de los US$8 millones, entre tantos otros.

La audiencia de prisión preventiva, sin embargo, permitió conocer públicamente varias otras pruebas que pesan en contra de la pareja Humala-Heredia, así como tener un panorama completo de los graves delitos que se le imputan.

Así, respecto del origen ilícito de los fondos provenientes del chavismo, está, por ejemplo, la declaración del testigo protegido ‘TP01-2016’, que indica que, en enero del 2006, la pareja hoy encarcelada y Gustavo Espinoza Soto –que luego sería elegido congresista por el nacionalismo– se dirigieron a la embajada de Venezuela donde eran esperados por la diplomática chavista Virly Torres y, luego de quince minutos, salieron portando dos maletas de mano. El testigo afirma que subió las maletas al segundo piso del local del partido nacionalista, y advirtió que una de ellas estaba llena de fajos de dólares.

Con relación a la campaña del 2011, el juez Concepción Carhuancho valoró los testimonios de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht, que reafirmaron ante fiscales peruanos que la constructora brasileña aportó US$3 millones a la candidatura del 2011 de Humala a pedido del Partido de los Trabajadores del ex presidente brasileño Lula da Silva –hoy sentenciado por corrupción–. Y que, además, este dinero provendría del departamento de operaciones estructuradas de la empresa (la oficina de sobornos), según señala el acuerdo de cooperación entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En lo que atañe a las acciones para dar apariencia de licitud a estas exorbitantes cantidades de dinero (es decir, para lavar el dinero), está lo declarado por Erika Delgado, ex encargada de caja y tesorería de la empresa Apoyo Total S.A.C., en el sentido de que recibía dinero en efectivo del gerente general de la empresa (imputado como cómplice en el proceso penal) para depositarlo primero en las cuentas de la compañía y luego transferirlo a la señora Heredia. Una treta para simular una contraprestación a esta última por sus servicios. También los testimonios de Carlos Enrique Juscamaita, ex coordinador general de la ONG Prodin, y de Ítalo Carmelo Ponce, ex colaborador del nacionalismo, que acreditarían que Ilán Heredia –hermano de la ex primera dama– era, en efecto, el tesorero del nacionalismo e instrumental para procurar justificar los fondos ilícitos percibidos.

Todos estos elementos, y las decenas de evidencias que obran en el expediente judicial, deberían motivar, entonces, a que la fiscalía formule pronto una acusación, se llegue al juicio oral y se obtenga una sentencia definitiva en este caso. Pues más allá del hito histórico del último jueves, como país debemos acostumbrarnos a aspirar a una justicia célere y definitiva, y a que esta no termina con prisiones preventivas.

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