Los magistrados del Tribunal Constitucional votan por declarar constitucional la disolución del Congreso, el pasado mes de enero. (Foto: Archivo).
Los magistrados del Tribunal Constitucional votan por declarar constitucional la disolución del Congreso, el pasado mes de enero. (Foto: Archivo).
Editorial El Comercio

El balance de poderes es uno de los componentes más complejos, importantes y delicados de cualquier democracia funcional. Sin este, los Estados pueden tender rápidamente, de un lado, a la incertidumbre, conflicto y desgobierno, y del otro, al autoritarismo personalista. Por ello, en las ocasiones en las que un poder del Estado tiene la facultad de influir legítimamente sobre cualquier otra entidad autónoma, estas decisiones deben tratarse con suma responsabilidad.

Es el caso, por ejemplo, del control político que puede ejercer el sobre el Ejecutivo, de la herramienta de por parte del Ejecutivo contemplada en la Constitución, y es también el caso de la elección de los magistrados del a criterio del Legislativo. Esto último es lo que recientemente ha entrado en discusión. Ayer, la comisión especial del Congreso que seleccionará a los nuevos miembros del TC sesionó y la discusión sobre el reglamento del proceso y el plan de trabajo.

No está de más recordar que las reglas alrededor de la elección de los miembros del TC motivaron la cuestión de confianza del año pasado que, en medio de una crisis política, derivó en la disolución del Congreso anterior. La correcta elección de los titulares del máximo intérprete de la Constitución es de suma importancia para el país. Entre otros motivos, porque, como se ha visto en los últimos meses, el TC resulta en última instancia la balanza en las controversias mayores entre el Ejecutivo y el Legislativo (disolución del Congreso, constitucionalidad de leyes controversiales, alcances de la figura de la vacancia presidencial, entre otras).

A diferencia de ocasiones anteriores, los criterios de selección que resulten del debate deberán garantizar que profesionales idóneos para el cargo se muestren interesados en pasar por el concurso público. Si se percibe que el proceso está politizado o sesgado, los especialistas serios, con prestigio y trayectoria, posiblemente lo pensarán dos veces antes de exponerse. No contar con los candidatos adecuados es condenar el concurso desde antes de empezar.

Posteriormente, la transparencia y objetividad en los puntajes de la evaluación deben abonar legitimidad a un proceso que culmina con un debate político en el pleno del Congreso. En la medida en la que son seis los miembros del TC cuyo –de un total de siete–, existe el riesgo de componendas entre bancadas que podrían querer tener cada una a un allegado como tribuno. Para alcanzar los 87 votos que requiere la elección en el Congreso de un miembro del TC serán inevitables el diálogo y la negociación entre congresistas, pero en estos lo que debe primar es la visión sobre la idoneidad del candidato y no los intereses particulares de tal o cual partido en las decisiones del TC.

Por si fuera poco, la coyuntura en la que tomará lugar la eventual elección de magistrados es compleja. A siete meses de las elecciones y a diez meses de dejar el cargo, los congresistas se embarcan en la designación de la mayoría de miembros del TC que deberían ocupar sus posiciones por al menos cinco años. No es un tema menor. Si el Congreso debe actuar siempre con responsabilidad, esto es doblemente cierto cuando se le encarga involucrarse en instituciones autónomas y que pueden funcionar como contrapeso a sus decisiones. El actual Legislativo no ha estado muchas veces a la altura de las circunstancias. Es absolutamente imperativo que esta sea la excepción.