Editorial: La última oportunidad

Desde que el primer caso de COVID-19 se registró en el Perú a principios de marzo, la duda no era si la enfermedad terminaría esparciéndose por todo el país, sino cuándo ocurriría ello y cuán bien lidiaríamos con la situación. Asimismo, cuando el Gobierno decretó el inicio de una rígida cuarentena hace más de cinco meses, la pregunta no era si nuestra economía se vería afectada, sino cuál sería la magnitud del daño. Una preocupación que aumentó conforme se ampliaban las restricciones y cuando los indicadores empezaban a dar cuenta de lo profundo del golpe.

En estos meses, desafortunadamente, la realidad añadió otra variable a nuestros problemas: la vocación populista del Congreso de la República. Así, mientras nuestra economía demandaba que las autoridades fuesen prudentes y que se trabajara por preservar (y aprovechar) las fortalezas macroeconómicas que el país conquistó con décadas de responsabilidad, nuestros legisladores apostaron por el aplauso sencillo y por abandonar el rigor técnico. Una actitud reflejada en la liberación del 25% de los fondos de las AFP, en la suspensión del cobro de peajes a nivel nacional y en una plétora de proyectos de ley que aún esperan ser aprobados.

Entre estos últimos destacan dos que serán considerados hoy por el pleno.

Quizá el más grave, y el que se sustenta en el mayor sinsentido, concierne a la “devolución” de los aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP). El objetivo del Congreso, consignado en los dictámenes de tres comisiones diferentes, es darles liquidez a ciertos ciudadanos (los exaportantes mayores de 55 que no cuenten con 20 años de contribución podrían solicitar el retiro del 100% del dinero, mientras que los aportantes activos podrían retirar hasta S/4.300) en el contexto de crisis. El problema, como han señalado múltiples expertos, es que este sistema previsional, a diferencia de la AFP, no cuenta con fondos de dónde retirar el dinero: los aportes de los afiliados van directamente a pagar a los pensionistas. En pocas palabras, no hay cómo hacer el mentado “reembolso” sin empeñar dinero del Tesoro Público.

De acuerdo con los cálculos del MEF, lo planteado por el Poder Legislativo demandaría la transferencia de S/9.800 millones del dinero de todos los peruanos. Un gasto mayúsculo que, además, supone el ejercicio de una iniciativa de gasto que el Parlamento simplemente no tiene.

Por otro lado, la representación nacional también deberá decidir, por insistencia, la suerte de la iniciativa que busca penalizar la especulación y el acaparamiento, observada en julio por el Poder Ejecutivo. La norma equivaldría a controlar los precios de ciertos productos, pues para ponerla en práctica se tendría que definir un valor “habitual” para algunos bienes, cuando este en realidad varía dependiendo de las fluctuaciones del mercado.

En consecuencia, de convertirse en ley, este proyecto dependería mucho de la arbitrariedad, y la distorsión sobre la oferta y la demanda podría desembocar en la escasez de los productos que se pretende proteger.

En suma, si algo tienen en común estas iniciativas es que privilegian el efecto inmediato que pueden tener en la ciudadanía por encima del impacto que tendrán a largo plazo en la economía del país… una circunstancia que coincide con la cercanía de las elecciones generales del 2021. Es probable, entonces, que en la sesión de hoy el Parlamento decida implementar estas medidas.

Sin embargo, no está de más recordarle que todavía tiene una última oportunidad para corregir el rumbo, escuchar a los expertos y abandonar el estilo cortoplacista al que se ha acostumbrado.