El presidente Martín Vizcarra pronuncia un discurso por la conmemoración del 199 aniversario de la Marina de Guerra del Perú y del 141 aniversario del Combate de Angamos, el pasado 8 de octubre. (Foto: Mario Zapata Nieto/@photo.gec).
El presidente Martín Vizcarra pronuncia un discurso por la conmemoración del 199 aniversario de la Marina de Guerra del Perú y del 141 aniversario del Combate de Angamos, el pasado 8 de octubre. (Foto: Mario Zapata Nieto/@photo.gec).
Editorial El Comercio

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Hace dos días, durante una visita a la ciudad de Chiclayo, el presidente volvió a referirse a la información divulgada el último domingo por este Diario.

Según había revelado nuestra Unidad de Investigación, un aspirante a colaborador eficaz del caso del ‘club de la construcción’ le contó al fiscal Germán Juárez Atoche (a cargo de las pesquisas) que en el 2014 el hoy mandatario recibió de un consorcio que se había adjudicado en los últimos meses del año anterior la licitación de una obra en la región Moquegua, de la que, por entonces, Vizcarra era gobernador regional. Según la versión del delator, además, –como parte del pago– una de las empresas que integraba el consorcio había fletado una avioneta a pedido de Vizcarra para trasladar a un grupo de autoridades bolivianas hasta Ilo, curiosamente en las fechas en las que la obra ya había sido adjudicada, pero todavía no se firmaba el contrato.

Pues bien, consultado anteayer por la prensa, el jefe del Estado contestó: “ se atreven a tratar de manchar honras y meternos en el mismo saco. Esa es una estrategia ya conocida. Todos sabemos que cuando uno golpea intereses poderosos, no se van a quedar tranquilos. Ya nos advirtieron”.

Sobre lo débil que resulta ese razonamiento que reza que ‘como mi gobierno ha enarbolado la bandera de la lucha contra la corrupción, cualquier cuestionamiento hacia mí es una invectiva proveniente de los corruptos’, ya nos hemos pronunciado en repetidas ocasiones (). Es, por decirlo en palabras del propio presidente, “una estrategia ya conocida”.

Sobre aquello de que no existe “una sola prueba”, por otro lado, sí cabe hacer algunas precisiones. Está, para comenzar, el testimonio brindado por una persona en el marco de un proceso de colaboración eficaz que, si bien no convierte necesariamente sus dichos en verdaderos, sí les provee un aura especial por todo lo que el declarante se está jugando con ellos.

Se sabe, asimismo, que Vizcarra conocía al propietario de una de las empresas del consorcio ganador –Obrainsa–, Elard Tejeda, con el que había trabajado en el 2003. Que el consorcio formado por Obrainsa y Astaldi había presentado una propuesta inicial para el proyecto Lomas de Ilo por S/86 millones, pero que, días después, presentó una nueva propuesta por S/81 millones con la que finalmente consiguió la buena pro (según el aspirante a colaborador eficaz, entre ambas propuestas se celebró una reunión entre Vizcarra y Tejeda, en la que el primero le aseguró al segundo que era “indispensable que presenten una nueva propuesta que no debía exceder los S/81 millones”). Según recordaba ayer “La República”, además, otros colaboradores eficaces del ‘club de la construcción’, cuyos miembros tenían por costumbre pagar sobornos para hacerse con grandes obras de infraestructura.

Están también los cheques girados –por S/400.000 y S/600.000– a un conserje de Obrainsa (que ha reconocido que para la empresa siguiendo órdenes), con los que se habría cancelado el soborno. Y la declaración de una secretaria de Obrainsa que recordó que en abril del 2014 (fecha en la que supuestamente se pagó la segunda parte de la coima) recibió a Vizcarra en las oficinas de la empresa.

También son preocupantes los correos electrónicos en los que Vizcarra aparece coordinando con trabajadores de Obrainsa los detalles del vuelo (incluida la cotización) que la empresa pagó –según el aspirante a colaborador eficaz, como parte del acuerdo ilegal– para trasladar a funcionarios bolivianos hasta Ilo, tres días antes de que se firmara el contrato entre Obrainsa-Astaldi y el Gobierno Regional de Moquegua.

Todo esto, además, es parte de un acervo documentario más amplio publicado . Por supuesto, como dijimos anteriormente, esta información está siendo corroborada por la fiscalía, pero ello no significa que no exista. Que el presidente quiera o no verla no le resta gravedad a un asunto que debería asumir con más seriedad.